El proceso de licitación para contratar servicios de almacenamiento de datos públicos en nube, por un valor de R$ 245 millones (US$ 47 millones), es visto por profesionales del área de tecnología como un riesgo para la soberanía brasileña.
El gobierno de Jair Bolsonaro defiende la contratación de un servicio privado, afirmando que atiende a las necesidades de 140 organismos y entidades, con el uso de la nube representando economía en la manutención. Sin embargo, trabajadores del área de tecnología pública afirman que la experticia del Servicio Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO) y de la Empresa de Tecnología e Información de la Previdencia (DATAPREV) no fueron tomadas en consideración.
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Leonardo Nichelatti, trabajador del SERPRO, afirma que no falta capacidad en las dos empresas públicas, elegidas algunas veces como las mejores en el área de tecnología de América Latina. Según el, la decisión es política y no técnica. El especialista, que es director del Sindicato de Trabajadores en Procesamiento de Datos en el estado de Rio Grande do Sul, resalta que los riesgos del proceso van desde la violación de datos hasta el secuestro de información, pasando por retirada intencional de servicios del aire con fines de lucro.
“Es como si usted tomara sus archivos personales, los colocara en un pendrive y entregara la custodia a otra persona. Ella tiene sus datos a disposición", alerta Nichelatti.
"Si no se cuida bien alguien puede robar el pendrive, acceder a sus datos, hacer un montaje con sus fotografías, puede impedir que usted recupere el pendrive si no paga un rescate, puede secuestrar sus datos."
"Ahora, imagina si en ese pendrive está su biometría, su información fiscal y la de su empresa, todos los proveedores, clientes, valor de notas fiscales de compra y venta. El peligro no está solo en los datos, sino también en los servicios estructurantes del Estado”, completa el.
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Todavía de acuerdo con Nichelatti, el riesgo es más grave si la nube contratada fuera de empresas de empresas internacionales.
“Peor si la nube fuera en un país extranjero, pues aún podemos sufrir algún tipo de embargo intencionado. Imagina que eso estuviera en una nube en otro país, ese país hace un embargo, la empresa corta el servicio y nos quedamos sin recaudación de impuestos, se nos paraliza el comercio exterior. Imagina el caos que eso va a causar aquí dentro. Yo no me imagino que usted deje de lado su soberanía nacional en un punto así y sin necesidad.”
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Esa será la segunda etapa de implantación de servicios de computación en nube en la administración federal. La primera fase, referente a datos de 25 instituciones, tiene previsión de contratación en el valor de R$ 55 millones (US$ 10,5 millones). Vale resaltar que, por ley, SERPRO y DATAPREV no pueden participar en esas licitaciones. Los datos que están en riesgo de ir a parar en las nubes privadas, hoy se almancenan en centros de datos de las dos empresas estatales, que cuentan con esquemas de seguridad rígidos y altamente controlados.
Vera Guasso, secretaria general del Sindicato de Trabajadores en Procesamiento de Datos en el estado de Rio Grande do Sul, afirma que este es un intento más de debilitar la actuación de las dos empresas, para privatizaciones.
“Hasta el momento, lo que percibimos es que son contrataciones de servicios en nube de valores altísimos, por fuera de las dos empresas públicas, principales de TI de América Latina. ¿Si van a contratar un servicio en nube gigante, para que van a continuar existiendo los datacenters? ¿Si es por fuera de las dos empresas, cual es el interés? ¿Quién tiene interés? ¿ Quién va a controlar eso? ¿ Quién va a hacer la migración de lo que está en el datacenter a la nube?”, pregunta Guasso.
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Ella dice que la posibilidad de que la información quede bajo control de empresas transnacionales que dominan el mercado de datos en el mundo es grande. En su opinión, difícilmente la licitación va a beneficiar emprendedores brasileños.
“Es una perdida acelerada de soberanía del país y al mismo tiempo un riesgo gigantesco, porque esas empresas tienen compromisos de transmitir información a los gobiernos (extranjeros), por ejemplo. Estamos yendo por un camino de pérdida de soberanía. Yo me atrevería a usar aquí un término del profesor Sergio Amadeu, que habla de que Brasil se está convirtiendo en una colonia digital”, afirma.
Los trabajadores preparan una denuncia que será presentada al Tribunal de Cuentas del país. Además de eso, la bancada del Partido Socialismo y Libertas (PSOL) en el Congreso, formalizó un pedido de información al Ministerio de Economía.
Edición: Rodrigo Durão Coelho
