El número de fiscales ambientales del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) decreció de 1.311, en 2010, a 591 en 2019, una disminución del 55%. Ahora en 2020 hubo un incremento de 103 funcionarios contratados por el órgano de control, que alcanzó un total de 694 fiscales, pero aun así el número de funcionarios corresponde al 53% del total que había al comienzo de la última década.
La disminución del número de fiscales del IBAMA, conocido debido a la Ley de Acceso a la Información (LAI) y del colectivo brasileño “Entérate”, coincide con el incremento de la deforestación en el país durante el gobierno de Jair Bolsonaro (sin partido).
Datos presentados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) revelan que entre agosto de 2019 y julio de 2020, hubo un incremento del 34% en el número de incendios en el país comparado con el mismo periodo del año anterior.
El sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real (Deter), vinculado al INPE, señala que en el primer semestre de 2020, 3.069,57 km² fueron devastados en la Amazonía, lo que representa un incremento del 25% comparado con el mismo periodo de 2019.
En junio 1.034,4 km² de la Amazonía fueron devastados, el número más elevado desde 2015.
En 2010, último año del gobierno del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (PT) el número de fiscales correspondía a 1.311. Desde ese momento, ya en el mandato de Dilma Rousseff (PT) hubo un paso atrás y disminuyó a 1.255.
Durante el gobierno interino de Michel Temer (MDB) las discretas reducciones se mantuvieron año tras año hasta 2019, cuando la caída con relación a 2018 llegó a un 16,13%, con una reducción de 930 a 780 fiscales ambientales.
En el primer año del gobierno de Jair Bolsonaro, el IBAMA sufrió otra reducción drástica en el número de fiscales, un 24,23% y ahora cuenta solo con 591 funcionarios para vigilar todo el territorio nacional del país.
Insuficiente
Raoni Rajão, docente del Departamento de Ingeniería de Producción de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), se queja de que Brasil haya retrocedido en los índices positivos que logró al comienzo del siglo. “La reducción de un 80% [de la deforestación en la Amazonía] entre 2004 y 2012 resultó de dos factores principalmente: la creación de unidades de conservación en áreas estratégicas y el incremento de la capacidad del Estado de implementar la legislación ambiental. Estas acciones de comando y control ganaron visibilidad a través de la contratación de centenas de fiscales y el desarrollo de nuevos sistemas de monitoreo por el INPE”.
El especialista alerta que desde 2014 el IBAMA no ha realizado concursos públicos para contratación de funcionarios y que el “incremento de la deforestación es una consecuencia del debilitamiento del IBAMA y otros órganos de control”.
“Pese a los avances tecnológicos en los últimos años, el número de fiscales ambientales actual es claramente insuficiente. Vivimos en un país continental y aunque haya el CAR [una base de datos de inmuebles rurales, áreas de conservación y reservas legales] y un sistema de monitoreo del INPE, muchas acciones necesitan gente que trabaje desde el territorio. Son particularmente críticas las acciones en los territorios indígenas y unidades de conservación, donde la deforestación se disparó en los últimos años”, concluye el docente.
