La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) presentó el pasado lunes (31) el informe "Conflictos en el Campo Brasil – 2020". El documento revela la mayor cifra de conflictos por tierras, invasiones de territorios y asesinatos en conflictos por agua jamás registrada por la CPT desde 1985.
El número de incidentes pasó de 1.903 en 2019 a 2.054 en 2020, lo que implica a casi un millón de personas. De este total, 1.576 casos están relacionados con conflictos por la tierra, lo que equivale a una media diaria de 4,31 conflictos por tierra, que suman 171.625 familias brasileñas, en un contexto extremo de la pandemia en el país.
Según Paulo César Moreira, miembro de la CPT que forma parte del Centro de Documentación Don Tomás Balduíno (CEDOC), el informe representa un esfuerzo para desvelar la dimensión de la realidad agraria brasileña.
"El objetivo fundamental del informe es revelar las injusticias en el campo en Brasil, y además de los ataques contra las comunidades y los pueblos, también exponer las heridas que el poder económico y político han causado al país. Y ahora, durante el gobierno de Bolsonaro, teniendo en cuenta la profunda negación de la verdad, que oculta datos a la población, creemos que este informe es de inestimable importancia para nosotros y para la sociedad", explica Moreira.
Invasión de territorios indígenas
En el caso de las familias cuyos territorios fueron invadidos, hubo un aumento del 102,85% de 2019 a 2020. Se estima que de las 81.225 familias cuyas tierras y territorios fueron invadidos en 2020, 58.327 de ellas son indígenas, es decir, el 71,8%.
Los pueblos indígenas también destacan en relación con el número de asesinatos registrados. Entre los 18 asesinatos registrados en el marco de los conflictos en el campo, siete fueron de indígenas, el 39% de las víctimas. Entre las 35 personas que sufrieron intento de asesinato u homicidio, 12 eran indígenas, el 34% de las víctimas. En cuanto a las amenazas de muerte, entre las 159 personas amenazadas, 25 son indígenas, es decir, el 16% de las víctimas.
La Comisión Pastoral de la Tierra revela que la mayor parte de los sucesos que involucran a los pueblos indígenas tuvieron lugar en la Amazonía legal, incluyendo territorios que ya habían sido demarcados hace años. Bajo el discurso de "pasar la boyada" (sic) [en referencia a la expresión utilizada por el ministro de Medio Ambiente en Brasil, que significa desmantelar la política ambiental], según Moreira, el gobierno consolida la región como una nueva frontera agrícola e intensifica los conflictos.
"La Amazonía legal concentra el 90,8% de la deforestación ilegal, es decir, vemos el ciclo constante de grilagem [método que utiliza documentos falsificados para forjar la titularidad y reivindicar la tenencia de la tierra], con deforestación, incendio, expulsión de las comunidades para cultivar soja o para el ganado. Además de la deforestación ilegal, no podemos olvidar las actividades dañinas de las empresas mineras".
Entre los estados de la Amazonía legal brasileña, Pará se destaca como un polo de conflictos y, no por casualidad: en 2020 se ubicó en el primer lugar en exportaciones de minerales entre los estados de Brasil, según el Sindicato de Industrias Mineras de Pará (Simineral).
En el Territorio Indígena Munduruku, los habitantes realizan una inspección autónoma de la zona invadida por la minería ilegal / Archivo Movimiento Munduruku Ipereğ Ayũ
Es precisamente en el suroeste de Pará donde se ubica el Territorio Indígena Munduruku, que reúne a unas 145 aldeas en medio de un complejo problema de minería ilegal de oro en las orillas del río Tapajós.
Desde la aldea Munduruku Katõ, el cacique José Emiliano Kirixi denuncia la ofensiva de la minería aurífera que pone en riesgo el buen vivir de los pueblos originarios, los pueblos ribereños y otras comunidades tradicionales.
Para el cacique, la invasión de los territorios indígenas es la responsable del aumento de las enfermedades, los niveles de violencia, el narcotráfico y el acceso a las armas de fuego.
"Si el hombre blanco quiere trabajar en la minería, que trabaje en su tierra. Deje que el indio sobreviva en su territorio. Que no alquilen las cabezas de los indígenas, eso no lo aceptamos. Nuestro protocolo está ahí, no es respetado por Bolsonaro, por diputados, senadores, gobernadores y municipios. Eso incrementa las enfermedades, la delincuencia, el tráfico y no queremos eso, ¡queremos vivir mejor!
Además de la cuestión indígena, otros aspectos destacados del informe que elabora anualmente la CPT son los datos relativos a la violencia contra las mujeres en el campo, el avance de la COVID-19 en los territorios y el récord de asesinatos en los conflictos por el agua.
En el análisis de una década, se puede evaluar que hubo un salto en los números a partir de 2016, el año del golpe que destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia y llevó a la asunción de Michel Temer. Y en los últimos dos años, bajo el gobierno de Bolsonaro, han alcanzado récords históricos.
Desde 2016 se nota una mayor ofensiva contra la población rural en Brasil / Datos: CPT
En 2011 se registraron 1.390 casos de conflictos, cifra que se mantuvo prácticamente estable o incluso en descenso hasta 2015, cuando se registraron 1.329 casos.
Desde 2016, tras la destitución de Rousseff, hay un salto exponencial de 1.329 casos a 1.607. Si antes la diferencia correspondía a unos seis casos respecto al año anterior, ese año ha sido de 278 casos.
Sin embargo, la situación se volvió aún peor en 2019, el primer año del gobierno de Bolsonaro. El número de ocurrencias pasó de 1.547 en 2018 a 1.903 en 2019, una diferencia histórica de 356 casos respecto al año anterior.
Según la CPT, los datos señalan la urgencia de implementar y defender los órganos de control, fiscalización y combate a la violencia en el campo conjuntamente con las comunidades tradicionales.
Otro lado
Brasil de Fato contactó a la asesoría de prensa del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y aguarda una posición sobre el incremento de los conflictos en el campo en los últimos dos años del gobierno de Jair Bolsonaro.
