Las instituciones estatales de Brasil, incluido el gobierno recientemente instalado de Luiz Inácio Lula da Silva, han reaccionado rápidamente tras los disturbios en Brasilia el pasado fin de semana. Cientos de manifestantes han sido detenidos y el gobernador del estado del Distrito Federal ha sido suspendido por su respuesta lenta e ineficaz.
Miles de apoyadores del derrocado expresidente de derecha Jair Bolsonaro invadieron la Plaza de los Tres Poderes –el corazón del gobierno en la capital del país– el domingo 8 de enero. Los bolsonaristas irrumpieron en el palacio presidencial de Planalto, así como en los edificios del Congreso Nacional y del Supremo Tribunal Federal.
Policías y periodistas que cubrían el asalto resultaron heridos y fueron robadas armas de la oficina de seguridad presidencial. La factura por daños a los edificios públicos, obras de arte y muebles de la época colonial probablemente ascienda a millones de reales.
El motín, aunque impactante, no fue imprevisto como el asalto al capitolio de Estados Unidos en 2021. Académicos, jueces, periodistas y políticos habían advertido sobre esa posibilidad. Gran parte de la base de apoyo de Bolsonaro no había aceptado el resultado de las elecciones de octubre pasado y discutía abiertamente un intento de recuperar el poder. El ataque al Capitolio de los Estados Unidos se presentó repetidamente como una advertencia.
Los disturbios tuvieron diversos grados de apoyo de varios sectores de la derecha política de Brasil. Entre ellos, empresarios, terratenientes, algunos de los medios de comunicación y –la diferencia más llamativa con los EE. UU.– miembros de las fuerzas armadas y la policía.
Algunas secciones del Ejército parecen haber sido cómplices. Durante meses, se permitió que grupos antidemocráticos instalen campamentos alrededor de los cuarteles del Ejército, que, en algunas ocasiones, incluso defendieron a los manifestantes de la intervención de las fuerzas de seguridad de los estados y municipios.
El Ejército también debería haberse encargado de proteger el palacio presidencial, pero no se desplegaron el domingo hasta que los manifestantes ya habían invadido el complejo.
Asimismo, la policía militar, que es responsable de patrullar las áreas asignadas, también parece haber apoyado a los alborotadores. Se vio a policías tomándose fotos con los manifestantes y hubo informes de que la policía militar incluso escoltó a algunos de ellos hasta la Plaza de los Tres Poderes.
Algunas organizaciones de medios, periodistas y comentaristas han sido acusados de defender el motín antidemocrático, en particular, la derechista Jovem Pan y algunos de sus colaboradores. Pero la mayoría de los periodistas se han mantenido firmes en su apoyo a la democracia y el Estado de derecho.
Restaurar el orden y la democracia
Los gobiernos extranjeros expresaron su indignación ante los actos de violencia, y miembros del Congreso de los Estados Unidos exigieron la extradición de Bolsonaro, quien actualmente se encuentra en Florida. Mientras tanto, comentaristas brasileños e internacionales argumentan que este podría ser el principio del fin del bolsonarismo, ya que el episodio fortalecerá la legitimidad de Lula y le permitirá usar medidas de emergencia para apuntalar su posición.
Las instituciones estatales no tardaron en responder. El presidente emitió un decreto ordenando la intervención federal en la seguridad pública en Brasilia. El número dos del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, fue encargado de velar por la seguridad del Estado.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo en conferencia de prensa que el motín involucró "actos de terror". Dino afirmó que el ministerio tomará las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento del orden en la capital y que Cappelli recibirá toda la asistencia para garantizarlo.
El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes suspendió al gobernador de Brasilia por 90 días por "falta grave" durante la crisis. Moraes es el encargado de liderar la investigación de los actos antidemocráticos. También ordenó el desmantelamiento de los campamentos pro Bolsonaro y los bloqueos de carreteras en 24 horas. El ministro argumentó que:
Cada una de las personas responsables deberán rendir cuentas por actos que amenazan la democracia, el Estado de derecho y las instituciones, incluida la connivencia deliberada –ya sea por acción u omisión–.
Lula y los presidentes del Congreso y de la Corte Suprema se reunieron ayer por la mañana temprano para discutir nuevas medidas. Tras la reunión, publicaron una nota condenando los hechos y señalando que los tres poderes del Estado están "unidos para que se tomen las medidas institucionales, conforme a la Ley".
El lunes 9, Lula reunió a los presidentes de los tres poderes y de los 27 estados brasileños, incluidos los gobernadores bolsonaristas del Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais. Durante el encuentro, y al visitar los sitios de los atentados del día anterior, los asistentes abogaron por la defensa de la democracia y las instituciones del país.
Paralelamente, se realizaron manifestaciones a favor de la democracia y el Estado de derecho y contra los actos de terror del 8 de enero en varias ciudades brasileñas y entre brasileños residentes en el exterior. Las manifestaciones unieron a personas de diversos lados del espectro político, e incluso asociaciones rivales de fanáticos de fútbol se unieron en defensa de la joven democracia del país.
El 8 de enero ha puesto de manifiesto, si no otra cosa, el carácter antidemocrático del bolsonarismo. Asimismo, es posible tener una mirada positiva sobre la rapidez y robustez con la que las instituciones de Brasil reaccionaron ante este ataque directo al orden constitucional del país. Una reacción de la que se hizo eco la gran mayoría de la sociedad civil brasileña.
* Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y fue actualizado por el autor después de las manifestaciones que tuvieron lugar en Brasil y en el extranjero el 9 de enero de 2023.
