Con señales del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) y de sus aliados, el gobierno federal aprovechó la semana corta del feriado de Corpus Christi para reposicionar su aproximación con el Parlamento. Lula abordó la articulación política y se está moviendo para recabar apoyos a través de los primeros cambios ministeriales del actual mandato, que deberán anunciarse en los próximos días.
Si ya había indicios de que el Congreso Nacional no se lo pondría fácil al gobierno del PT, el embrollo se hizo más evidente el 31 de mayo. Pocas horas antes del fin de la fecha límite, la Cámara de Diputados aprobó finalmente la Medida Provisoria que reorganizaba la administración federal con un total de 37 ministerios.
La decisión se consideró simple y elemental, pero se convirtió en una victoria con sabor amargo por las concesiones realizadas, teniendo en cuenta el haber quitado competencias a algunos ministerios clave y la liberación de 1.700 millones de reales (aproximadamente 350 millones de dólares) en enmiendas parlamentarias (recursos presupuestarios que el Ejecutivo reparte a través de parlamentarios) el día anterior. Alentados por el numeroso Frente Parlamentario del Agronegocio, los opositores también abrieron verdaderas trincheras para oponerse a los proyectos de preservación del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas.
A la prensa, la oposición afirma que existen "problemas de articulación política" y no ocultan su descontento con la actuación de los ministros Alexandre Padilha, de Relaciones Institucionales y Rui Costa de la Casa Civil (Jefe de Gabinete). Para los políticos del gobierno, la intención es forzar una llamada "política minorista", al gusto del presidente del Congreso, Arthur Lira (Progresistas), buscando negociar la aprobación de los proyectos voto a voto, incluso con desbloqueos de enmiendas parlamentarias, aumentando el poder del Legislativo.
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Se espera que un cambio de ministros, siguiendo las sugerencias de algunos líderes, tenga efectos positivos para la consolidación de una mayoría permanente, al menos para las votaciones más cruciales para el gobierno en temas como la economía y las políticas sociales. Sin embargo, para la socióloga Joyce Luz, profesora de la Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, el problema reside en la actual coyuntura post-Bolsonaro.
"Si consideramos que el Partido Social Demócrata y Unión Brasil forman parte de la coalición, porque cada uno tiene tres ministerios, la base sería sólida. Pero aun así, estos partidos se declararon independientes, dijeron que no votarían necesariamente con el gobierno sólo por tener cargos. Luego vino la negociación de recursos, porque veníamos de un Congreso que pasó los últimos cuatro años negociando agendas para votar y se acostumbró a recibir recursos a cambio", señala.
El mismo fenómeno es señalado por el diputado federal Túlio Gadêlha (Rede), que destaca el carácter marcadamente más propositivo del actual Ejecutivo. "El vacío político generado por el gobierno Bolsonaro dejó que el denominado "centrão" (grupo de parlamentarios que aglutina partidos de derecha liberal) consiguiera imponer el presupuesto secreto, casi R$ 20 mil millones (aproximadamente 4.100 millones de dólares) por año en enmiendas RP9 [el presupuesto secreto]. Y toda esta permisibilidad, debido a la ausencia de políticas públicas, no existe en este gobierno", dice.
El diputado enumeró algunos programas sociales en el horizonte que requieren atención y presupuesto, como el programa de vivienda Minha Casa Minha Vida, la expansión de las universidades con un aumento del número de becarios y Bolsa Família, el programa de transferencias monetarias, que ahora entrega más de 50 reales por niño. "Así que parece que el Congreso siempre estará insatisfecho, porque no hubo un proceso de 'destete' de las enmiendas RP9. Pero esta es una reflexión que buscamos hacer con el presidente Lula, no para dar presupuesto a los parlamentarios, sino para construir un diálogo más estrecho con esta base que creemos que puede ser un núcleo duro para la aprobación de los proyectos", argumenta.
Un "semiparlamentarismo" heredado y difícil de revertir
El presupuesto secreto, que fue normalizado y ampliado en el último gobierno bajo la arquitectura de Lira, fue vetado por la Corte Suprema en diciembre de 2022 por considerarlo inconstitucional y poco transparente.
Este monto de casi R$ 20 mil millones anuales (aproximadamente 4.100 millones de dólares) continuó llegando a los mismos destinatarios a través de dos nuevas modalidades. Una de ellas fueron las enmiendas individuales, que repartieron R$ 9.800 millones (aproximadamente 2.000 millones de dólares) por igual entre todos los congresistas, y que presupone una mayor transparencia en la asignación de los recursos. Otra parte, sin embargo, avanzó de forma menos controlada a través de otra partida, la RP2, utilizada en la asignación de fondos de los ministerios, que tampoco se destaca por la transparencia.
Interrogado por la prensa sobre el tema en el Palacio de Planalto, el día 5, el senador Jaques Wagner (PT) vio una amenaza para el propio sistema político actual.
"Si va por ahí, no tenemos límites. Entonces es mejor tener el coraje de ir al parlamentarismo. No digo que esté bien o mal. Pero si el Congreso va a gestionar toda la capacidad de inversión del Estado, entonces tiene que ser un gobierno parlamentario, y este no es el caso en el presidencialismo... cuando se hace una cosa, tiene que hacerse en su totalidad", ironizó.
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Para intentar establecer un clima más armonioso con el poder responsable de legislar el país, Lula ha asumido una relación más estrecha con los líderes del partido e incluso se reunió con Lira el pasado día 5. Responsable de marcar el ritmo de las agendas que entran en la Cámara, él será el termómetro de la eficacia de un rediseño ministerial largamente esperado.
Es posible que, en los próximos días, la ministra de Turismo, Daniela Carneiro, y el ministro de Comunicación, Juscelino Filho, dos ministros vinculados a União Brasil, sean sustituidos por otros nombres necesarios para una adhesión más efectiva del partido al gobierno.
Correligionarios de Lula, como Wagner, no niegan la posibilidad de cambios motivados por "desempeño o ruptura política". "Nadie que sea ministro es sólo técnico, todos son técnicos y políticos. Entonces, desempeño tiene dos significados: el primero es entregar lo que la cartera exige y el segundo es entregar una relación política", dijo el ex gobernador de Bahía.
Para Joyce Luz, hay que considerar la consolidación de la influencia de otros nombres de União Brasil, como el senador Davi Alcolumbre y el diputado Elmar Nascimento, si nombres vinculados a ellos asumen ministerios. "Hay que ver si estos cambios agradan a Arthur Lira, ¿no? Si no agradan, entonces se le complican las cosas, porque fue él mismo quien detuvo toda la agenda del Congreso, impuso derrotas para el gobierno. Si ahora no acepta este diálogo, las propuestas que Lula hará a la Cámara, sobre todo, será complicado para él mantener su proyecto de seguir voto a voto", dice.
La agenda medioambiental no puede ser moneda de cambio
Otro importante frente de batalla para el gobierno del PT es el agronegocio, importante sector de la economía dominado por la oposición. El día 6, Lula participó en la inauguración del Bahia Farm Show, una de las mayores ferias del sector, y predicó la conciliación entre pequeños y grandes agricultores.
El presidente intenta apagar el fuego creado por la ala más conservadora del agro, que ha impuesto sucesivas y simbólicas derrotas, como, por ejemplo, la aprobación relámpago del Proyecto de Ley 490, que admite la tesis del Marco Temporal. Sin embargo, otras derrotas tienen mayor potencial para desbaratar la coalición de izquierda del gobierno, como la retirada de algunas atribuciones importantes de los ministerios de Medio Ambiente, encabezado por Marina Silva, y de Pueblos Indígenas, por Sonia Guajajara.
Para Gadêlha, algunos ajustes se harán fácilmente gracias a la buena relación mantenida con los responsables a los que se destinó, por ejemplo, la demarcación de las tierras indígenas, que en este caso es el ministro Flávio Dino. También vislumbra caminos para un diálogo más productivo con los ruralistas.
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"El presidente ha señalado, ha participado en eventos, ha intentado construir un diálogo con este grupo, pero sabemos cuáles son sus agendas y cuánto dañan el medio ambiente. Pero hay un núcleo pensante del agro, y es con el que queremos dialogar y potenciar en el Parlamento, que es el núcleo que ve el medio ambiente y todos los ecosistemas como fundamentales para que podamos continuar con el agronegocio de manera consciente", informa.
La politóloga, por otro lado, ve cierta similitud en la encrucijada en la que se metió Lula con Marina Silva durante su segundo mandato y que sigue siendo su talón de Aquiles con diferentes corrientes de izquierda y centroizquierda.
"El agronegocio tiene un peso fundamental en la economía y presionará para que se aprueben las agendas que les interesan. Al mismo tiempo, como sabemos, Lula tiene dos ministros que son muy duros con las agendas de preservación del medio ambiente y con el propio agronegocio. Este es para mí el dilema más difícil de resolver, porque Lula no podrá gobernar sin el agronegocio", concluye.
Edición: Pilar Troya e Thalita Pires
