La creciente criminalización de los movimientos populares y de las demás fuerzas de izquierda viene siendo una preocupación de diversas entidades y actores de la política en Brasil. El asunto fue pauta de una audiencia pública en la tarde del miércoles (9), en la Cámara Federal, en Brasília (DF). Durante el debate realizado en la Comisión de Derechos Humanos (CDHM), representantes de diversas instituciones manifestaran preocupación con el contexto de avance conservador en el país.
Durante las discusiones, tuvieron destaque los episodios de represión a los movimientos de estudiantes secundarios y al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), objeto de una acción de la Policía Civil el último viernes (4), en Guararema, ciudad del interior de São Paulo.
En la ocasión, los agentes invadieron la Escuela Nacional Florestan Fernandes (ENFF), centro de formación del MST, sin presentar orden judicial. Imágenes del circuito interno de TV de la institución demostraron que hubo exceso de fuerza, lo que provocó la reacción de diversas entidades, movimientos, artistas y políticos por todo el país.
“La ENFF es una escuela de formación política de referencia en Brasil y en América Latina, y ella fue construida solidariamente por amigos del movimiento, personas comprometidas con la reforma agraria. (…) Ella carga con un símbolo muy fuerte para la clase trabajadora mundial, inclusive algunos definen el espacio como una universidad popular, que es producida y coordinada por el MST, pero establece relaciones de solidaridad internacional. El hecho del la policía llegar es un espacio con esta simbología y actuar de aquella forma es un agravio para todos”, dijo la coordinadora pedagógica de la ENFF, Rosana Cebalho Fernandes.
Ella también destacó la preocupación del MST con episodios de presionan sufridos en otros estados, como Paraná y Goiás. “Nuestra lucha es un derecho de los trabajadores, una forma de organizarnos, y no podemos ser incriminados y encuadrados en una ley que trata organizaciones criminales por el simple hecho de estar luchando. (…) Este es un momento de denunciar y de repudiar las acciones que criminalizan a los movimientos sociales”, declaró la coordinadora.
Representantes del movimiento de estudiantes secundarios también participaron de la audiencia. La alumna Ravena Soares Carvalho leyó una nota de repudio producida colectivamente contra la actuación de las fuerzas de seguridad durante la desocupación del Centro de Enseñanza Media Ave Branca (Cemab), en la ciudad- satélite de Taguatinga (DF), el ultimo 1º.
“Ellos llegaron diciendo que querían dialogar pero, la verdad, cuando abrimos los portones, fuimos obligados a dejar el local. Ellos usaron fusiles, ametralladoras, totalmente des necesarios delante de los estudiantes desarmados. (…) Consideramos justa la ocupación de las escuelas. La única bandera que defendemos es la de la educación, y vamos a continuar haciéndolos”, afirmó la estudiante.
Criminalización
Durante los debates, el presidente de la CDHM, diputado Padre João (PT-MG), criticó la actuación de instituciones del sistema de Justicia. “Hay una clara persecución a determinados lideres de los movimientos, así como hay una clara persecutorio del ex presidente Lula. (…) A toda costa se intenta criminalizar a los lideres de izquierda. (…) Quien lucha por una educación pública y gratuita, por el derecho a la vivienda, a la tierra, al agua, por ejemplo, es criminalizado”, afirmó el presidente.
Para la profesora Beatriz Vargas, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasília (UnB), el contexto de criminalización tiene referencias en un “filosofía anticonstitucional”.
“Es una postura antidemocrática, que no reconoce en el derecho a la desobediencia civil un derecho democrático y que trata a los sujetos de forma de descalificarlos. Percibimos esto en relación a las ocupaciones estudiantiles, por ejemplo. Los alumnos son humillados, como si fuesen sub-ciudadanos o personas sin inteligencia para opinar en los procesos en los cuales están directamente implicados”, analizó la académica.
Ella también destacó la actual situación de otros movimientos, y cito al MST. “Hace muchos años ellos son objeto de varias ofensivas. Podemos decir que algunas son institucionalizadas; otras están al margen de la institución, son ilegales. Ellas son lo que podríamos llamar de paramilitares”, apuntó.
Participación
La audiencia contó también con la participación del ex ministro de Justicia y la procuradora de la República, Eugênio Aragão; la presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Ivana Farina; del ex ministro de la Secretaria General de la Presidencia Gilberto Carvalho; y de representantes del Levante Popular de la Juventud y de movimientos indigenas
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Traducción: María Julia Giménez
