La compra de un nuevo terreno en el municipio del Rio Doce -estado de Minas Gerais- por parte de la empresa minera Samarco preocupa a los vecinos y a la alcaldía local por el posible impacto de nuevas intervenciones en la ciudad. El territorio "Fazenda Floresta", que fue adquirido por la empresa por R$ 3,4 millones, deberá recibir obras para el contingentamiento de los residuos de mineral de la hidroeléctrica de Risoleta Neves (Condonga).
La región recibió gran parte del barro derramado del Fundo, que destruyó viviendas y mató 19 personas en noviembre del año pasado.
El nuevo terreno de la Samarco estaría próxima a la comunidad Santana, región rural del municipio, y tendría capacidad de aportar hasta 5 millones de metros cúbicos de residuos, de los casi 10 millones de metros cúbicos.
Para Thiago Alves, de la coordinación estadual del Movimiento de Afectados por represas (en portugués Movimiento de Atingidos pelas Barraganes – MAB), las intervenciones de Samarco, aun que en pequeña escala, colocan en riesgo fuentes de agua. Eso es estructural y a largo plazo”, afirmó.
Obras de emergencia
Marcelo Belisario, superindentende del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) en Minas Gerais, manifestó que la nueva obra pretende desviar los residuos del desastre ambiental en Mariana, como una acción de emergencia para controlar los efectos de la rotura de la represa.
“No es una obra de hidroeléctrica o de represa en el río, con desaprobaciones. Es simplemente una compra de un terreno rural que va a generar un área de disposición de residuos del dragado que es una acción emergencias para garantizar la estabilidad de la otra represa’, dijo el superintendente.
En el municipio, ya están en marcha otras tres obras para contener los residuos de los desastres causados por la rotura de la represa que contaminó la cuenta del Rio Doce.
El secretario de Agricultura y Medio Ambiente de Rio Doce, Antônio Emílio, afirmó que la alcaldía local aún no fue notificada oficialmente de la compra del terreno. El sector de tributos, sin embargo, reconoce haber recogido el Impuesto sobre Transmisiones de Bienes Inmuebles (ITBI) de la minadora en agosto. Emília advirtió sobre los riesgos de una nueva obra en el local. “No sabemos como funcionará esa disposición, si el residuo es seco… No tenemos ninguna información”, dijo el secretario.
La empresa minera, a través de la asesoría de presas, informó que “adquirió un área en el municiono de Rio Doce para ubicar parte de los residuos que están siendo dragados de la Usina de Candonga. El proceso de licenciamiento emergencias del área esta en marcha junto al órgano competente”.
La Alcaldía, compete apenas la emisión de la Declaración de Conformidad, que asegura que la obra está de acuerdo con las leyes ambientales del municipio. “Desde el punto de vista de las primeras áreas, hicimos nuestras observaciones. El Consejo de Medio Ambiente (Cosam) entendió que eran [ las intervensiones] contaminantes en virtud de los residuos no ser des ecosistema nacional del municipio, que debería ser compensado con proyectos ambientales”, explicó el secretario.
Impactos
Belisario explicó que la legislación del estado de Minas Gerais admite la implementación de estas obras sin licencia del Ibama con motivos de emergencia. El estudio ambiental sólo entraría con la obra ya terminada en un proceso de licenciamiento correctivo junto al órgano estadual, la Supram (Superintendencia Regional de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable).
Para los vecinos, sin embargo, “las obras de emergencia tienen impacto definitivos”, afirmó Thiago. Él cree que la empresa minera impone al territorio modelos de solución ambiental autoritarios y consigue flexibilizar y autorizas de los órganos ambientales con el discurso de la urgencia. “Estamos viviendo en un momento donde el territorio afectado por la Samarco va siendo cada vez más dominado por ella, que está multiplicando sus intervenciones”, explicó.
MAB reivindica la participación popular y el acceso a las informaciones de la empresa, a fin de que la población pueda debatir si quiere o no una nueva represa dentro del municipio. El movimiento quiere una reunión abierta por que sean esclarecidas las dudas sobre la construcción de una nueva obra.
“Una discusión en la que MAB y el Ministerio Público insistió es el derecho de los afectados tener una asesoría técnica independiente con recursos y capacidad técnica para debatir con la empresa minera las soluciones presentadas, inclusive esta”, apuntó el coordinador del movimiento.
