La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 6/2019, presentada por el gobierno de Jair Bolsonaro (PSL), con la justificación de preservar el equilibrio de la cuenta de las Pensiones, sacrificando de un lado la contribución y del otro la jubilación de millones de trabajadores, deja intocados a jueces, magistrados y miembros del Ministerio Público que reciben súper salarios.
Brasil de Fato tuvo acceso a 50 recibos de pago de jueces de primera y segunda instancia del estado de Tocantins, correspondientes al mes de diciembre de 2018, y analizó los valores brutos, la contribución al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y los incentivos, bonificaciones y premios.
El total de los pagos (rendimientos) de los 50 magistrados fue igual a 1,4 millones de reales (365.400 dólares). A ese valor se suman más de 448.000 reales (117.000 dólares) en indemnizaciones y otros 5,2 millones de reales (1.357.260 dólares) en derechos eventuales, lo que incluye una gran variedad de extras como: ayuda-vivienda, ayuda-vestuario, ayuda de costo, ayuda-libros, bonificación por servicio extraordinario, bonificación por servicio acumulado, bonificación por sustitución, entre otros.
El valor total de descuentos para el INSS en los 50 recibos de pago analizados en este reportaje fue de 419.000 reales, lo que representa apenas 5,8% del valor acreditado en las cuentas de los jueces. Un trabajador contratado con todos los beneficios de ley contribuye con 8%, 9% u 11% del ingreso, de acuerdo con la banda salarial. Los autónomos contribuyen con el 20% de sus ingresos.
Para los jueces, la regla de contribución al INSS es de 11% sobre el salario para quien entró en el servicio público antes de 2013. Para quien entró en el Poder Judicial después de ese año, la contribución es de 11% sobre el techo del INSS ( 5.800 reales, o sea 1.518 dólares). El cambio se dio a través de la Ley 12.618, del 30 de abril de 2012.
En la práctica, la contribución de los jueces acaba siendo menor que la del común de los trabajadores, como demuestra el levantamiento hecho por Brasil de Fato, porque el cálculo no toma en cuenta las bonificaciones, los “derechos eventuales” y las indemnizaciones. Una distorsión que se mantiene en la propuesta de reforma presentada por el gobierno.
“En el régimen de pensiones, el tributo sólo incide sobre el valor que se lleva a la jubilación. Como tales derechos eventuales no se pagan a los jubilados, no hay cómo incidir en la contribución para las pensiones”, dijo el procurador de la AGU (Advocacia-Geral de la União) Carlos André Studart Pereira.
Si se aplicara la cuota de 22% (propuesta por la PEC de Bolsonaro) sobre todo el rendimiento, este grupo de jueces tendría que pagar 1,57 millones de reales (411.000 dólares) de contribución al INSS. Sin embargo, como la propuesta del gobierno continúa siendo hacer el descuento solamente del salario, el valor recaudado sería de 320.000 reales (83.771 dólares). Una pérdida de 1,2 millones de reales por mes sólo en el pago de 50 jueces.
Los jueces participan poco en el esfuerzo de contribuir con el equilibrio del sistema de repartición simple, también conocido como el pacto entre generaciones, o sea, la actual generación de trabajadores, en conjunto con las contribuciones de las empresas y del gobierno, financian los beneficios de la generación anterior de trabajadores que ahora está jubilada.
Entre los casos hay, por ejemplo, el de un juez de Cristalândia, ciudad en el centro-sur de Tocantins, con 7.300 habitantes, que recibió, en diciembre de 2018, 27.500 reales (7.200 dólares) de salario, más 3.408,79 reales (892 dólares) de recursos de indemnizaciones y 100.833,95 reales (26.397 dólares) por derechos eventuales. El total que el juez recibió ese mes fue de 141.742,91 reales (37.106 dólares).
Ese juez pagó 6.050,02 reales (1.584 dólares) de contribución al INSS (4,2% del total bruto) y 11.618,02 reales (3.041 dólares) de Impuesto a la Renta, descontado en la fuente. En Cristalândia, el salario medio es de 1.596 reales (418 dólares) y sólo 9,8% de la población está ocupada, según el IBGE.
Detalle de los rendimientos del mes de diciembre de 2018 de un juez de Tocantins.
Thiago Duarte, de la directiva de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia explica que la cuestión de los súper salarios es una realidad no sólo de Tocantins, sino de Brasil.
“El salario de por sí ya es alto. El máximo es de 39.000 reales (10.210 dólares) que es lo que reciben los magistrados del STF (Supremo Tribunal Federal). Los jueces reciben más de 30.000 reales (7.830 dólares), incluso en el primer día de trabajo. El problema es que además del súper salario tienen muchos extras, otros fondos y la ayuda vivienda es lo más clásico y ellos dejan de contribuir al INSS y al impuesto a la renta”, dijo.
La bonificación por servicio acumulado se paga a los jueces cuando el volumen de procesos en las salas donde actúan sobrepasa el límite de mil nuevas acciones por año. El beneficio es de un tercio del valor del salario. Otra bonificación bastante común es la de sustitución o de trabajo en más de una sala. En esos casos, el juez gana un salario integral extra, cumpliendo la misma jornada de trabajo, pero, dividida en dos o más lugares diferentes. Trabajos extraordinarios también garantizan créditos extra. Otra forma de aumentar el ingreso es la venta de días extra acumulados a lo largo del año, además de los dos períodos de vacaciones. Esos valores, por su origen eventual, no entran en la cuenta de las contribuciones al INSS.
