El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), fue condenado este miércoles (6) por la tarde a 12 años y 11 meses por corrupción y lavado de dinero en el ámbito de la Operación Lava Jato, en un proceso conocido como “casa de campo de Atibaia”.
La jueza Gabriela Hardt que sustituyó al juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Bolsonaro, consideró que Lula recibió coimas a través de reformas en una propiedad en el municipio de Atibaia, en el estado de São Paulo. La defensa de Lula niega las acusaciones y apelará la condena.
Contradicciones
Para comprobar el crimen de corrupción pasiva hay que demostrar cuál fue la ventaja recibida por un funcionario público y precisar que “acto oficial” habría ejecutado a cambio de esas ventajas. La sentencia no presenta esa información.
Según la lógica de la denuncia, las contratistas OAS, Schahin y Odebrecht habrían financiado una serie de reformas en la casa de campo a cambio de contratos con la Petrobras – y que el ex presidente habría actuado para beneficiarlas en esos contratos. Lula fue acusado de recibir un valor estimado en R$ 920 mil [equivalente a US$ 246] a través de esas “reformas” en la propiedad.
En relación al crimen de lavado de dinero, la sentencia no presenta la información de que Lula no es el propietario de la casa de campo, sino el empresario Fernando Bittar. Durante el proceso, la defensa alegó que Lula no sería el beneficiario de las reformas, aunque haya frecuentado el sitio, pero la jueza no consideró este argumento.
