Por primera vez, una empresa de aplicación de solicitud de transporte de pasajeros deberá pagar una indemnización por los daños sociales causados en Brasil. La semana pasada, una decisión de la 8º Sala del Tribunal Regional de Trabajo de la 4ª Región (TRT4), en Porto Alegre (RS), condenou a multinacional estadunidense Uber ), condenó a la multinacional estadounidense Uber en R$ 1 millón (aprox. 250 mil dólares) por el llamado "dumping social", en una demanda interpuesta por un conductor que solicitó el reconocimiento de su relación laboral.
El ponente, el juez Marcelo Ferlin D'Ambroso, también entendió que los trabajadores están subordinados a las decisiones de la empresa por necesidad, y que la empresa tiene un poder de control y fiscalización sobre ellos. El hecho de que el conductor utilice su propio vehículo y asuma los costos de mantenimiento y combustible, por ejemplo, no significaría que es independiente de la empresa, precisamente porque tales condiciones las impone Uber.
La subordinación era el único requisito de la relación laboral que no había sido reconocido en primera instancia.
"La forma de prestación de servicios no desnaturaliza la esencia de la relación laboral, basada en la explotación del trabajo por cuenta ajena (…) No hay nada nuevo en esto, salvo el nuevo método fraudulento de la ingeniería informática para enmascarar la relación laboral", escribió el magistrado.
¿Qué es el dumping social?
D'Ambroso interpretó que Uber causa daño no solo al conductor, como individuo, sino a la sociedad en su conjunto.
El término, en su definición, consiste en "la práctica reiterada por parte de la empresa del incumplimiento de los derechos laborales y de la dignidad humana del trabajador, con el objetivo de obtener una reducción significativa de los costos de producción, lo que resulta en una competencia desleal".
El valor millonario de la indemnización, por lo tanto, no debe pagarse al conductor que interpuso la demanda, sino a una entidad pública o filantrópica a definir por el Ministerio Público del Trabajo.
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El abogado José Eduardo Resende Chaves Júnior, juez retirado del Tribunal Regional de Trabajo de la 3ª Región (TRT3), explica el concepto que fundamentó esa condena.
"El dumping social, en el Juzgado de Trabajo, es un daño social, difuso y colectivo, resultante de reiteradas lesiones a los derechos laborales. Se viola la estructura de los derechos sociales y las reglas del mercado, con la obtención de una ventaja indebida sobre la competencia", analiza.
"Jurídicamente se considera un abuso de un derecho y, como tal, constituye un acto ilícito. En cuanto a las aplicaciones, es la primera vez, pero son numerosas las decisiones del Juzgado de Trabajo que condenan a las empresas por la práctica del dumping social", recuerda.
No es de hoy
La tesis del dumping social es sostenida por el ex conductor Wagner Oliveira en el libro Minha batalha contra a Uber, publicado en marzo de este año.
El primer brasileño en demandar a la empresa estadounidense en Brasil, lanzó un canal en YouTube en el que analiza las demandas contra la empresa y denuncia los daños causados a la sociedad.
"Esta decisión del TRT4 fue importante e impidió que Uber cometiera otro fraude contra la justicia", dice Oliveira, quien grabó un video específicamente sobre la sentencia de la semana pasada.
El ex conductor se refiere a la estrategia de "manipulación de la jurisprudencia", adoptada por la empresa, según especialistas.
"La empresa averigua si va a ganar o perder antes del juicio y propone un acuerdo [con el conductor] en vísperas de la decisión", explica el autor del libro. Así, no se generan jurisprudencias en contra de la empresa, sino solo a favor.
En este proceso específico, Uber propuso un acuerdo por R$ 12 mil. A juicio del ponente del caso, "el referido acuerdo extrajudicial firmado entre las partes no revela la intención de concesiones mutuas y, claramente, representa un franco perjuicio para el trabajador".
Wagner Oliveira evalúa que el sistema de justicia brasileño podría moverse más rápido para garantizar los derechos de los conductores.
"La cosa está avanzando, pero podría moverse más rápido. Porque la gente está en la calle sufriendo mucho, y eso ya podríamos haberlo solucionado. En California [en EE. UU.], comenzaron en 2009, y solo en 2019 se aprobó la relación laboral", dice.
"Considerando que Uber llegó a Brasil en 2014, tenemos 2024 como referencia para consagrar esa cuestión del vínculo laboral. Espero que podamos revisarlo antes, para acabar con esta aberración que vemos hoy, en el tema laboral".
El juez retirado José Eduardo Resende Chaves Júnior recuerda que en otros países se han estado tomando decisiones similares contra Uber.
"En Francia, ahora a principios de septiembre, la justicia ordenó a Uber pagar 180 mil euros a 910 taxistas. Según la decisión, Uber violó las reglas de competencia del mercado, causando daño moral a su reputación. Es una decisión similar, aunque los destinatarios son los taxistas", analiza.
"El daño moral colectivo no está dirigido a personas específicas. En el caso de Brasil, no beneficiará directamente a los conductores de aplicaciones, sino al sistema de protección o asistencia social en su conjunto", concluye el abogado.
El otro lado
Cuestionada por la prensa poco después de la decisión del TRT4, Uber dijo que "el rito legal de informar a las partes sobre el resultado de una demanda" fue violado por la 8º Sala. Es decir, los medios de comunicación habrían sido informados antes que la empresa.
"En cuanto tenga conocimiento, la empresa apelará la decisión, lo que representa un entendimiento aislado y contrario a otros casos ya juzgados por el mismo Tribunal Regional y por el TST (Tribunal Superior de Trabajo)", agregó Uber.
La compañía también cuestiona las razones por las que el TRT4 negó el acuerdo con el conductor.
"Al rechazar el acuerdo firmado entre las partes, la 8º Sala anula la voluntad expresa de sus jurisdicciones y desconoce por completo la directiva del Tribunal Laboral de dar preferencia a la solución consensuada de los conflictos. La apelación de Uber también presentará todos los hechos necesarios para la anulación de la tasación, aplicada por la Sala sin ninguna solicitud en el proceso y basada en argumentos aparentemente de carácter ideológico", dice Uber, que no reconoce una relación laboral con los conductores.
"El TST ha reconocido, en cuatro sentencias, que no existe una relación laboral entre Uber y sus socios. En la más reciente, la 5º Sala descartó la hipótesis de subordinación en la relación del conductor con la empresa, ya que este puede 'encender y apagar la aplicación cuando quiera' y 'ponerse a disposición, al mismo tiempo, a todas las aplicaciones de transporte que desee'”, recuerda la empresa.
"Un entendimiento similar ya se adoptó en otras dos sentencias del TST en 2020, en febrero y septiembre, y también por el Tribunal Superior de justicia en sentencias desde 2019 —la más reciente se publicó hace unas semanas", concluye.
Brasil de Fato se puso en contacto con la empresa para averiguar si hay algo que agregar sobre el caso, ya que la semana pasada Uber ni siquiera habría tenido acceso a la condena. El artículo se actualizará tan pronto como haya una respuesta.
