El aumento de los precios de los alimentos y los años pasados sin un ajuste real relevante en el valor del salario mínimo han hecho cada vez más difícil la vida del trabajador brasileño, especialmente de los más pobres y de los que residen en las grandes ciudades. Debido a la combinación de estos dos factores, hoy un empleado que gana el sueldo mínimo de R$ 1.212 (aprox. 235 USD) y vive en una capital trabaja alrededor de la mitad del mes solo para comprar lo necesario para su alimentación.
El cálculo fue realizado por el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE), que mensualmente encuesta en 17 capitales brasileñas el valor de una canasta de productos definida a partir de un decreto sobre el piso salarial. La composición y el precio de la canasta varían según la ciudad. São Paulo, la ciudad más poblada del país, también tiene la canasta más cara: R$ 803,99, en abril de este año.
Específicamente en la ciudad de São Paulo, capital del estado homónimo, un empleado que gana un salario mínimo trabaja casi el 66% de su jornada mensual solo para pagar esta canasta. Es decir que trabaja más de 145 horas de las 220 horas mensuales previstas en la legislación laboral. La canasta más económica (o menos costosa) según la última encuesta del Dieese es la de la ciudad de Aracaju, capital de Sergipe: R$ 551,47 –o sea, el 49,19% del salario mínimo, prácticamente la mitad–.
Desde enero de 2005, un trabajador no había comprometido tanto tiempo de trabajo para poder comprar una canasta básica de alimentos. En enero de 2012, por ejemplo, eran necesarias 101 horas trabajadas para comprar una canasta en la capital de São Paulo, menos de la mitad de la jornada mensual. Sin embargo, desde finales de 2018, durante el gobierno del expresidente Michel Temer, este número de horas ha ido en aumento. Creció aún más abruptamente a partir de 2020, ya en el gobierno de Jair Bolsonaro, precisamente porque el valor de los alimentos empezó a subir más y el salario mínimo, menos.
Desde finales de 2016, después del juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff, hasta hoy, el salario mínimo subió de R$ 880 a R$ 1.212 –un aumento del 37,7%–. El costo de una canasta básica alimentaria en São Paulo pasó de R$ 438 a R$ 804, un aumento del 83%, más del doble del porcentaje acumulado de reajustes de salario otorgados por Temer y Bolsonaro.
No hubo aumento real
Durante los gobiernos de Temer y Bolsonaro, por cierto, el salario mínimo prácticamente no tuvo aumento real, es decir, se reajustó solo en función del índice de inflación.
Según cálculos de la consultora Tullett Prebon Brasil divulgados esta semana, durante el gobierno de Temer (de septiembre de 2016 a diciembre de 2018), el sueldo mínimo subió solo un 3,28% más que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). De enero de 2019 a diciembre de 2022, durante el gobierno de Bolsonaro, el reajuste total debería ser 1,77% inferior a la inflación, considerando las previsiones del Banco Central.
De confirmarse la estimación, Bolsonaro será el primer presidente desde 1994 en dejar el gobierno sin otorgar un aumento real del salario mínimo.
Durante los dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso (FHC), el piso subió 50,9% por encima de la inflación; en ocho años de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el 57,8%; en los casi seis años de gobierno de Dilma, 12,67%. Los cálculos son de Tullett Prebon Brasil.
"La ausencia de una política de valoración del salario mínimo es dramática porque no se aumentan los ingresos de quienes ya ganan poco y gastan la mayor parte de su salario en alimentos, que han subido más que la inflación", describe el economista e ingeniero agrónomo José Giacomo Baccarin, secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del gobierno federal entre 2003 y 2005, durante la gestión de Lula.
Alimentos al alza
Baccarin dijo que el precio de los alimentos en el país ha aumentado principalmente desde 2020, cuando comenzó la pandemia. Según el experto, el precio de los alimentos ha subido en el mercado internacional. El productor brasileño, entonces, decidió priorizar las exportaciones, reduciendo la oferta en el mercado interno y provocando el alza de precios para la población brasileña.
La economista y supervisora de investigaciones del DIEESE, Patrícia Costa, confirmó este escenario de aumentos provocados por el contexto externo y las exportaciones. También afirmó que la guerra entre Rusia y Ucrania presionó aún más los precios en Brasil, ya que afectó la cotización del trigo y el petróleo en el mercado internacional.
El precio del petróleo influye en el coste del combustible, que a su vez conforma el coste del transporte y, por tanto, también afecta al precio final de los productos alimentarios.
El avance de la inflación para el mes de abril calculado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), divulgado el 27 de abril, indica el mayor aumento de precios para el mes desde 1995. Comparando los precios recolectados de febrero a marzo con los precios recolectados entre marzo y abril, se registró un aumento promedio de 1,73% en 30 días.
Este porcentaje, sin embargo, es un promedio de varias categorías de productos. Los artículos de alimentos y bebidas aumentaron 2,25%, es decir, por encima del promedio.
En un año, el café molido ya subió más del 60%; el azúcar, más del 40%; el aceite de soja, más del 20%. Todos estos productos forman parte de la canasta básica. Su aumento impacta especialmente a los más pobres, explicó Juliane Furno, economista jefe del Instituto para la Reforma de las Relaciones Estado-Empresa (IREE).
"Esto afecta más a los más pobres porque gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en el consumo de alimentos", dijo Furno. "Una vez que el salario mínimo ni siquiera ha igualado la inflación, la situación es todavía peor".
Valoración y reservas
Patrícia Costa, del DIEESE, afirmó que una forma de controlar el aumento de los precios de los alimentos en Brasil sería la creación de reservas públicas de determinados productos. Baccarin también defiende esta medida. Afirma que el gobierno necesita aumentar el apoyo a los agricultores que se dedican a producir alimentos para el consumo interno, no para la exportación. Esto tiende a reducir la presión del mercado internacional sobre el precio de los alimentos en el país.
Baccarin y Costa también defendieron una política de valoración del salario mínimo. Según Baccarin, esto se hizo durante los gobiernos de Lula y Dilma. Además de mejorar las condiciones de vida de la población, también sirvió como motor del crecimiento económico.
