Este miércoles por la tarde (19), el magistrado Marco Aurélio Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF), divulgó una decisión donde informa la liberación de todos los presos detenidos en Brasil con condenas en segunda instancia.
La decisión provisional se dio como respuesta a una solicitud del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y se puede aplicar en el caso del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que todavía espera por un juicio en las cortes superiores del país.
La presidenta nacional del Partido de los Trabajadores comentó la decisión y afirmó que así “se restableció el debido proceso legal. Es decir, el ministro Marco Aurelio presentó una medida cautelar de liberar a los presos condenados en segunda instancia que no se encuadren en casos muy especiales contemplados por el Código Penal y eso afecta al presidente Lula. Se restableció la determinación constitucional”.
Defensa de Lula presenta solicitud para liberar a Lula
A las 14h48 de este miércoles, la defensa de Lula presentó una solicitud exigiendo la liberación del ex mandatario que cumple, desde abril de este año, una pena de 12 años y 1 mes de prisión debido a condena en segunda instancia por el caso del triplex.
“Los abogados del presidente están actuando con todos procedimientos legales que deben ser realizados conjuntamente con la ejecución penal y creemos que su liberación es solo una cuestión de tiempo”, informó Hoffmann.
La líder del PT también informó que, aunque sea una decisión de un magistrado, se trata de “decisión de la última instancia del Poder Judicial”. EL magistrado envió la decisión al pleno de la Corte, que empieza su receso mañana (hasta el inicio de 2019), para que la revisen.
“Por lo tanto, creemos que el presidente Lula será beneficiado por esta decisión y se restablecerá la justicia”, afirmó Hoffmann.
Fiscalía General de la República
A través de un comunicado, la Fiscal General de la República, Raquel Dodge, dijo que la prisión después de la condena en segunda instancia es constitucional y que intentará revocar la decisión:
“Aunque no haya sido informada sobre la decisión, la Fiscal General está analizando, conjuntamente con su equipo, las medidas judiciales oportunas. Ella destaca que cumplir la pena después de decisiones en las cortes de apelación es compatible con la Constitución Federal, además de garantizar la efectividad del Derecho Penal, contribuir con el fin de la impunidad y asegurar la credibilidad de las instituciones, como ya sostuvo el STF”, afirma el comunicado.
(Más información muy pronto)
