La senadora Damares Alves (Republicanos) y la Unión deberán indemnizar a la población de Marajó, en Pará, con 5 millones de reales (aprox. 1 millón USD) por la difusión de información falsa y sensacionalista sobre abusos sexuales y torturas a niños en el archipiélago. La solicitud viene del Ministerio Público Federal (MPF), que presentó una Acción Civil Pública el lunes 11 por los discursos declaraciones de la exministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos del gobierno de Bolsonaro, durante las elecciones de 2022.
Se reclama una indemnización por daños sociales y morales colectivos, y los recursos deben destinarse a la realización de proyectos sociales dirigidos a la región del archipiélago. Cada imputado deberá pagar la mitad del valor.
Según la acción, el 8 de octubre, Damares Alves, recién elegida senadora de la República, afirmó en un culto evangélico realizado en Goiânia, Goiás, que niños de Marajó sufrían prácticas sexuales violentas y torturas. "Los bárbaros crímenes fueron narrados en el contexto de una campaña electoral del entonces jefe del Ejecutivo federal, Jair Bolsonaro, candidato a la reelección en ese momento y quien, según ella, estaba siendo víctima de una guerra 'espiritual'", señala un fragmento de la acción.
En el pedido de condena, el Ministerio Público ordena a Damares Alves y la Unión publicar a través de medios oficiales del gobierno y otros no oficiales una retractación de las falsedades dichas el 8/10/2022.
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En la acción, el MPF señala, asimismo, la legitimidad pasiva de la Unión por los daños causados a la imputada Damares Alves, por ocupar el cargo de ministra de Estado durante el episodio. Por lo tanto, el MPF solicita que la Unión elabore, publique y ejecute de inmediato un plan de acción, con un cronograma mínimo de cuatro años, para alcanzar las metas previstas en el Programa de Ciudadanía de Marajó, establecido por la Ordenanza 292 del 17 de mayo de 2023.
Según los fiscales que firmaron la acción, las violaciones en el archipiélago de Marajó no justifican "el uso sensacionalista de la vulnerabilidad social de esa población, asociada a la difusión de hechos falsos, como plataforma política y electoral en beneficio del entonces presidente de la República y de la propia ministra".
También según la acción, además de no aportar nada, la reiterada desinformación discriminatoria difundida por una alta autoridad de la Administración Pública Federal refuerza estereotipos y "confunde a la sociedad y socava la ejecución de políticas públicas serias y comprometidas con la mejora de las condiciones sociales de la población de Marajó. Por tanto, causan un evidente daño social y extrapatrimonial a esa colectividad", señala otro fragmento de la ACP.
No hay pruebas
Según consta en la ACP, la información enviada por el entonces Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos no fue comprobada. El estado de Pará informó que no existían registros de presuntos actos de trata internacional de niños y adolescentes. La Policía Federal también informó que no existen investigaciones que coincidan con los hechos narrados por la exministra, y que el Ministerio Público Federal no ha recibido denuncias sobre el tema en los últimos 30 años.
Acción Civil Pública
El proceso se encuentra en una etapa inicial de tramitación y aún estarán abiertos los plazos para que tanto la Unión como la senadora Damares se defiendan y presenten evidencias.
En un comunicado, la oficina de prensa de la senadora informó que "por tratarse de un asunto que involucra a niños, la senadora Damares Alves solo comentará el proceso de manera oficial". La senadora espera que el MPF sea implacable en la caza de abusadores y explotadores sexuales de niños y adolescentes, y que también actúe de forma cada vez más incisiva en la búsqueda de niños desaparecidos en Brasil".
