El Gobierno de Puerto Rico se declaró en bancarrota este miércoles y buscará mediante este mecanismo reestructurar la deuda pública, anunció el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, en una rueda de prensa desde la ciudad de San Juan.
Puerto Rico adeuda 12.096 millones de dólares en bonos y cerca de 240 millones a empresas que prestan servicios al Gobierno. Pero la deuda pública total está estimada en 70 mil millones de dólares.
El procedimiento está amparado en el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como la Ley Promesa. Esta ley, aprobada por el Congreso de Estados Unidos, prevé un proceso de reestructuración de la deuda pública bajo la supervisión de una Junta.
El gobernador Rosselló explicó que la activación de la medida busca “trabajar de forma estructurada en el pago de la deuda bajo los parámetros del plan fiscal”. La idea del Gobierno puertorriqueño sería poder hacer frente a las obligaciones del Ejecutivo pero "priorizando el interés de los ciudadanos".
“Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores (…) No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”, dijo Rosselló quien asumió el gobierno el 2 de enero de este año.
Con base en la Ley Promesa, Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU. desde 1952, tendrá sus finanzas bajo el tutelaje de una Junta de Supervisión Fiscal nombrada desde Washington. Esto podría imponer a la isla un plan de austeridad, reformar la legislación puertorriqueña y ajustar sus prioridades económicas. La Junta funcionará hasta que la isla tenga cuatro años seguidos sin déficit fiscal.
