El decreto 302/17, publicado este 2 de mayo en el Boletín Oficial de la República Argentina, planteó una redefinición del organigrama del Ministerio de Agroindustria, conducido por Ricardo Buryaile. El texto, con las firmas del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete Marcos Peña, además del propio Buryaile, plantea la eliminación oficial de la antigua Secretaría de Agricultura Familiar que pasa a fusionarse con la de Coordinación y Desarrollo Territorial y, de hecho, tiende a desaparecer.
Durante todo 2016 el desfinanciamiento del área destinada a apoyar y fomentar a las pequeñas producciones agrícolas familiares, minifundistas, campesinas o indígenas. Desde el inicio del gobierno de Cambiemos se vio que su sector privilegiado iba a ser el de los sectores del campo vinculados a la gran producción y a la exportación, mientras que la pequeña producción iba quedando de lado. Esto se podía adivinar desde la redefinición inicial del nombre de la cartera que pasó de llamarse “Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca” a “Ministerio de Agroindustria”.
Dentro del esquema del Ministerio se contemplaban cinco secretarías: de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Agregado de Valor, de Mercados Agroindustriales, de Coordinación y Desarrollo Territorial y de Agricultura Familiar (SAF).
Otro síntoma de que la SAF ocupaba un lugar secundario fue la demora que existió para nombrar al secretario del área: Oscar Alloatti (que había sido funcionario provincial en Santa Fe y miembro de Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) fue el secretario designado en último lugar. Aunque inicialmente Alloatti se comprometió públicamente a continuar con las políticas previas para el sector, que venía de conseguir un importantísimo logro en 2014 con la aprobación de la ley de “Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina”.
Alloatti, como otros funcionarios ya alejados de la gestión, también demostró una cierta reticencia a aplicar los recortes de hasta 30% de personal que se le exigían. Su gestión duró unos escasos diez meses y en octubre presentó su renuncia. Su cargo nunca fue cubierto, dejando a la SAF acéfala hasta su actual desaparición.
La SAF contaba con aproximadamente 1500 técnicos en todo el país, de los cuales unos 300 eran contratados a través de la Fundación ArgenINTA y el resto están todos enmarcados en la “Ley Marco” (Ley Nº 25.164 “Marco de Regulación del Empleo Público Nacional”, que establece la posibilidad de contratos de renovación anual, negando el derecho a la estabilidad laboral). Fue en provincias como Córdoba o Santiago del Estero donde comenzaron los recortes de personal y la paralización de las sedes regionales.
Ya en julio de 2016, Natalia Morales, una delegada sindical de la SAF, anticipaba en diálogo con Notas “un posible cierre”. “No deja de ser inminente esta situación ya que al mismo tiempo no hay presupuesto para llevar a cabo las tareas cotidianas de las reparticiones de las distintas provincias”, decía.
Según el nuevo decreto, que justifica la reestructuración planteando que “resulta menester que el Ministerio de Agroindustria perfeccione su conformación organizativa”, se elimina la autonomía de la Secretaría de Agricultura Familiar y se la fusiona con la de Coordinación y Desarrollo Territorial, a cargo de Santiogo Hardie (funcionario que viene de la Fundación Pensar y fue el representante del PRO en la nueva gestión del Ministerio de Agricultura). La nueva “Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, tendrá a su cargo la Subsecretaría de Agricultura Familiar, cuyo titular deberá ser designado próximamente.
A partir de la reforma se supone que los programas remanentes de ayuda para la agricultura familiar se procesarán a través de los programas del Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) Cambio Rural y ProHuerta. Pero las perspectivas no son buenas, sobre todo teniendo en cuenta que el INTA sufrió un achicamiento de su presupuesto de 1.200 millones de pesos en el último presupuesto.
Más allá de que la historia de la crisis de la SAF comenzó con la misma asunción del gobierno de Mauricio Macri, lo cierto es que su certificado de defunción se definió a pocos días de que se repitieran dos nuevos “verdurazos” en Plaza de Mayo, con reclamos de pequeños productores que denuncian un estado de crisis terminal de las producciones agrícolas regionales.
