Comunidades mayas de los estados de Yucatán y Campeche denunciaron la contaminación del agua por el uso de plaguicidas frente al relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Léo Heller, en el marco de su visita para la elaboración de un informe y la emisión de recomendaciones al respecto.
Durante la reunión, el representante Gustavo Huchín, del Consejo Maya de los Chenes, y el abogado Jorge Fernández Mendiburu, de Indignación, presentaron al relator de la ONU los estudios científicos que realizó el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México, en los que se reveló la presencia de plaguicidas en agua del subsuelo, agua purificada, así como la presencia del herbicida glifosato en orina de hombres y mujeres mayas.
“Nuestra preocupación más grande es por la contaminación del agua por el glifosato y otros agrotóxicos”, expresó Huchín.
Además de exponer sobre la contaminación a causa de la implementación del modelo de agricultura industrial, Huchín recordó al representante de Naciones Unidas la presencia de la soya transgénica en las localidades mayas y la deforestación en la zona, que ha derivado en la disminución de colonias de abejas y en problemas en las cosechas.
Por otra parte, señaló que la implementación de pozos de absorción, destinados a evitar que se inunden terrenos bajos, provocó que desaparecieran lagunas y otras zonas bajas que funcionan para la captación de agua, además de que los estanques naturales se han contaminado por los plaguicidas.
El asesor legal del Consejo Maya de los Chenes, Jorge Fernández Mendiburu, denunció frente a Heller que las autoridades de los tres niveles de gobierno optan por la omisión generalizada del problema, en lugar de ocuparse a garantizar el derecho del acceso al agua libre de contaminantes.
“Debe haber voluntad política por parte de instituciones como la COFEPRIS en la regulación de las sustancias que se utilizan en el país, SAGARPA, quien otorga apoyos orientados a fortalecer el modelo de agricultura industrial, y SEMARNAT, que no ha monitoreado el impacto en el medio ambiente por el uso de estas sustancias”, señaló por su parte María Colín, abogada de Greenpeace.
Colín aseguró que es “urgente” que haya políticas públicas intersectoriales dirigidas a eliminar el uso de los plaguicidas altamente peligrosos (PAP), los cuales han sido prohibidos en otros países por sus altos niveles de toxicidad, y se haga un plan de reducción y prohibición creciente del uso de agrotóxicos en México “en aras de transitar hacia prácticas ecológicas”.
Por último, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental expresó que es el Estado mexicano quien tiene la obligación de proteger el derecho humano al agua “adoptando medidas para frenar la contaminación, sancionar los responsables y reparar el daño ambiental”.
