La decisión del gobierno golpista de Brasil, del presidente Michel Temer, de suspender por 120 días el decreto que extingue la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca) es apenas un modo de reducir la presión social que la medida desencadenó. La afirmación es del profesor de Geografía de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Luiz Jardim, también integrante del Comité Nacional en Defensa de los Territorios ante la Minería.
"Se trata de un modo de extender el plazo y disminuir la presión pública que hubo con la divulgación de la extinción de la Renca y debatir simplemente como la explotación minera ocurrirá en ese área, poniendo la actividad minera como algo garantizado, lo que es muy preocupante desde el punto de vista ambiental y social, aún más en un área totalmente protegida", señala.
El decreto, que fue publicado el 28 de agosto, pretendía extinguir la reserva ambiental y permitir la explotación minera en la región. Tras la presión de diversos sectores de la sociedad y la revocación del decreto por el juez federal Ronaldo Valcir Spanholo, el gobierno reculó y determinó que se haga una consulta sobre el tema.
La Renca tiene 47 mil kilómetros cuadrados y está localizada en la región amazónica entre los estados de Pará y Amapá, en la región Norte de Brasil. La reserva fue creada en 1984 y abarca áreas de conservación, territorios indígenas y pueblos ancestrales.
Según Jardim, los impactos de la explotación minera en esa región serían potencialmente devastadores para el ecosistema y las poblaciones locales. "Tendrá impacto en el incremento de la deforestación, en la utilización de documentos falsos para forjar la titularidad y reivindicar la tenencia de la tierra [método conocido como 'grilagem' en portugués], en las amenazas a las comunidades tradicionales, de los asentamientos rurales que allí existen, de los territorios indígenas, de los pueblos que viven en las unidades de conservación", dice.
Para el director del Instituto de Investigación Ambiental de Amazonia (Ipam), André Guimarães, la decisión de Temer es un equívoco pues, además de polémico, no se debatió el tema con la sociedad y especialmente con las poblaciones locales.
"No hay ninguna posibilidad de establecer un diálogo con la extinción de la Renca. Entonces hay que suspender el proceso y elaborar un diálogo con todos los sectores de la sociedad, no solamente con aquellos que representan a los intereses de la minería", defiende.
Guimarães afirma que el gobierno golpista no piensa en los efectos políticos de sus decisiones: "Este proceso de la Renca generó un petitorio con más de 600 mil firmas contrarias a la extinción de la reserva en menos de 48 horas. A mí me parece que el gobierno no hace el cálculo político de las consecuencias de algunas medidas tomadas que no consideran importantes informaciones y los intereses de la sociedad".
El Comité Nacional en Defensa de los Territorios ante la Minería divulgó un comunicado para exigir la suspensión del decreto y mencionó que la medida viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas sobre las alteraciones en sus territorios.
El comunicado también señala que la extinción de la reserva natural en la Amazonia viola diversos compromisos internacionales firmados por el Brasil.
