El fin de la estabilidad de servidores públicos, aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado brasileño el miércoles (4) preocupa a entidades sindicales. La medida está en discusión en el Congreso a través del Proyecto de Ley del Senado (PLS) 116/2017. Para el director ejecutivo de la Confederación de Trabajadores del Servicio Público Federal (CONDSEF), Pedro Armengol, la medida sería una forma de posibilitar despidos en masa, reduciendo el tamaño del Estado.
"Lo que ellos quieren es un margen para tener la posibilidad de despedir servidores públicos sin ningún tipo de justificación porque, con el ajuste fiscal, a partir de la Enmienda Constitucional 95 [que crea el techo del gasto público], la Unión, los estados y municipios van a tener que despedir servidores porque no van tener recursos financieros disponibles para pagarles”, proyecta.
El proyecto es de autoría de la senadora Maria do Carmo Alves (Partido Demócratas, estado de Sergipe) y autoriza la pérdida del cargo público por “insuficiencia de desempeño”. Actualmente, la legislación autoriza el despido, pero el trámite se da por medio de un proceso administrativo.
Los parlamentarios favorables al proyecto de ley defienden que la medida sería importante para garantizar la eficiencia en el servicio público. Sin embargo, críticos de la propuesta dicen que se basa en criterios subjetivos de evaluación, lo que abriría margen para posibles arbitrariedades.
Para el servidor público federal Danilo Morais, el proyecto inserta el servicio público en una lógica semejante a de la esfera privada. Él considera que la medida va a generar inseguridad y cuestionamientos judiciales.
“El Fisco no puede tener metas de resultados cada vez más ambiciosas como un vendedor, por ejemplo, si puede tener. Un vendedor tiene que vender cada vez más. Ahora, quien trabaja en el Fisco no puede recaudar cada vez más. La ley tributaria es la que va a decir hasta cuando puede recaudar y cuando debe parar", ejemplifica.
Morais además cita como ejemplo el caso de un trabajador que actúe en un protocolo de un reparto burocrático: "¿Él va a cumplir una meta de qué orden? ¿Va a tener una meta de recibir 100 documentos por día? ¿Y si esos documentos no llegan? Nada de eso está siendo dialogado en ese proyecto”, resalta.
La senadora Vanessa Grazziotin (Partido Comunista de Brasil, estado de Amapá) presentó nueve enmiendas con sugestiones de cambios en el proyecto, pero no fueron aceptadas por el relator. Ella apunta, entre otras cosas, que proyectos de esta naturaleza no pueden ser propuestos por el Poder Legislativo: "La Constitución es clara al decir que es exclusivo del Ejecutivo la organización de los servidores públicos, la iniciativa – vía proyecto – de organización del servicio público y, principalmente, la cuestión de la estabilidad en el empleo”, explica.
El Senado abrió una encuesta virtual para consultar a los internautas respecto de la propuesta. Hasta el momento, más de 140 mil personas se oponen al fin de la estabilidad de los funcionarios públicos y 39 mil votaron a favor. Después de la aprobación en la CCJ, la materia será analizada por tres comisiones legislativas más y, si se aprueba, será votada en el pleno.
