Tras el golpe practicado por Temer y sus aliados en el Congreso (empresarios, ruralistas, banqueros), Brasil vive un sombrío retroceso que nos ha llevado a valores arcaicos, en los que los derechos humanos son ignorados y excluidos de la vida de la ciudadanía. Conservadurismo, autoritarismo e intolerancia se añaden a las condiciones estructurales, como la liquidación que el gobierno intenta promover en las empresas y servicios públicos, junto a los recortes en las inversiones para los próximos 20 años (abriendo un espacio para que el capital privado pueda invertir en las áreas de educación y salud, entre otras).
La lógica es precarizar, desmantelar y vender. En el paquete anunciado por el golpista se incluyen 57 privatizaciones: empresas centenarias, como la Caja Económica Federal, la Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos o el Banco de Brasil y la Casa de Moneda; de investigación y desarrollo, una medida que afecta a la Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuarias (Embrapa), a la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y al Banco Nacional de Desarrollo (BNDES); del sector energético, como es el caso de la Eletrobras y la Petrobras; todas ellas nacionales, con millones de trabajadores y trabajadoras, que corren el riesgo de quedar sin empleo y ya notan la pérdida de sus derechos esenciales –no sólo por la reforma laboral-, si no, además, porque el gobierno reduce sus presupuestos.
En este descarado intercambio de favores en el que quien favorece se ve favorecido por éste, que caracteriza este triste período golpista, no sólo los parlamentarios ganan cuando votan a favor del gobierno, sino que se amenaza a los gobernadores con dejarlos sin recursos económicos si no aceptan las privatizaciones.
La imagen que se está proyectando del Brasil del futuro no pasa de ser una caricatura del gran país en que se pudo haber convertido si los recursos del Pre-sal se hubiesen destinado a programas sociales de reducción de pobreza, de igualdad de oportunidades o en educación y salud.
De hecho, fue para oponerse a este proyecto privatizador por lo que nació, en enero de 2016, el Comité Nacional en Defensa de las Empresas Públicas; inicialmente orientado a la lucha contra el Proyecto de Ley del Senado (PLS 555/2015), que pretendía transformar las empresas públicas y de economía mixta en sociedades anónimas, sus acciones actualmente conforman un amplio frente de resistencia contra todas las amenazas que encierran las privatizaciones. Nuestra lucha es permanente, tanto promoviendo manifestaciones o debates por todo el país, como en el desarrollo de la campaña “Si es público, es para todos” o en la búsqueda de compromisos parlamentarios y en la creación de nuevos núcleos de enfrentamiento. Una lucha que es necesaria y depende de todos, porque defender las empresas públicas, es defender Brasil.
*Rita Serrano es coordinadora del Comité Nacional en Defensa de las Empresas Públicas, representante de los empleados en el Consejo de Administración de la Caixa, directora de la Fenae y Contraf – CUT y maestra en Administración.
