Movimientos populares de vivienda y sindicatos ligados a los trabajadores del Poder Judicial en Brasil protestaron en frente al Supremo Tribunal Federal (STF) en la tarde de este jueves (22) contra la suspensión de la votación que cuestionaba la ayuda vivienda recibida por jueces de primera, segunda y tercera instancias, por el valor de US$ 1,3 mil.
El beneficio ayuda vivienda está sustentado por una medida cautelar del ministro juez del Supremo, Luiz Fux, expedida en 2014, y es una manera de reparar pérdidas en los salarios de los magistrados cuando están distantes de su domicilio. Pero gran parte de los jueces que reciben la ayuda tienen residencia fija en el lugar donde trabajan.
La acción que cuestionaba el beneficio estaba en la agenda del STF, pero fue retirada debido a un acuerdo entre el Poder Judicial, la Procuraduría General de la Unión (Advocacia Geral da União, AGU por sus siglas en portugués) y miembros del Ministerio Público Federal (MPF), que hicieron la solicitud al ministro juez Luiz Fux.
Para los juristas, esta es apenas una manera de driblar el techo constitucional de los salarios de los jueces, que es de US$ 9.900. Según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), 71,4% de los profesionales del Poder Judicial ganan por encima del techo.
Según Alexandre Lima Santos, de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial en los Estados (FENAJUD), “el valor pagado a los magistrados es mucho mayor que el salario de la mayoría de los trabajadores de Brasil. Entendemos que hoy, en Brasil, existe un déficit habitacional grande, tenemos un pueblo que no accede al derecho constitucional a la vivienda, al mismo tempo que el Poder Judicial, que es para evitar conflictos sociales, crea un conflicto”.
Las organizaciones llevaron a la manifestación alimentos por el valor de US$ 1,3 mil, que serán distribuidos a los miembros de movimientos de vivienda presentes en la protesta. “Nosotros recaudamos el valor de la ayuda vivienda de los jueces en alimentos y vamos a distribuirlos a quien los necesita para llamar la atención de la población sobre esta inmoralidad”, afirma Alexandre.
Uno de los movimientos presentes es el Movimiento Resistencia Popular (MRP). Uno de los coordinadores de la organización, José Pereira de Oliveira, explica que las mil doscientas familias que componen el MRP luchan por ayudas mucho menores y hasta el momento no fueron atendidos. “Los jueces, que ganan bien, más de US$ 10.500 por mes, además tienen esta ayuda de más de US$ 1.200. Nosotros estamos peleando por una ayuda alquiler de US$ 180 y está dando el mayor trabajo del mundo. ¿Porque no les quitan a los jueces y dan a quien lo necesita?”, se pregunta.
Santos, de la FENAJUD, señala además que los movimientos permanecieron en el lugar para acompañar el juicio del habeas corpus del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sucedía en ese momento en el STF. “Nosotros mantuvimos el acto para llamar la atención de la población hacia esta inmoralidad, pero también para prestar nuestra solidaridad al compañero Lula, que está sufriendo una presión política a través del [poder] Judicial”, defiende.
El juicio del habeas corpus de Lula fue pospuesto para el 4 de abril, pero, mientras tanto, el STF garantizó que Lula espere en libertad, el juzgamiento de los recursos que aún están en trámite en la justicia, cuestionando su sentencia a 12 años y 1 mes, por el caso del triplex de Guarujá, en el ámbito de la operación Lava Jato.
