Estamos viviendo un Estado de excepción, fruto de un golpe. Comenzó con el derrocamiento de la presidenta legítima Dilma Rousseff y ha continuado atropellando los derechos conquistados a lo largo de años por las trabajadoras y trabajadores brasileños. Nada quedó intacto. Derechos laborales, educativos, sociales, a la jubilación; la reforma agraria; la titulación de tierras indígenas; el Sistema Único de Salud, entre otros.
El papel de los medios de comunicación en este tinglado parlamentario, jurídico y mediático fue determinante, cuando no, de liderazgo. Los llamados "grandes medios" – en especial la Red Globo -, envuelta en falsos aires de imparcialidad y democracia, co organizó el golpe en alianza con parte del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Congreso Nacional. Para ello, usó todo su aparato para convocar manifestaciones golpistas travestidas de protestas contra la corrupción; tras bastidores hizo articulaciones con el poder y movilizó su poder económico a favor de la ruptura con la democracia. En ese proceso, manipuló a la opinión pública, contó mentiras y omitió datos.
Desde el golpe, el sistema Brasil de Fato (sitio web, diarios regionales impresos y radio) viene denunciando a los patrocinadores de este verdadero atentado contra el pueblo, que impacta prioritariamente a la población pobre. Además de eso, nuestra línea editorial se expresa en la divulgación de las conquistas sociales de los últimos años, fruto especialmente de administraciones de partidos de izquierda en los niveles federal, estatal y municipal.
Si durante tales administraciones Brasil de Fato se posicionó apoyando las medidas dirigidas hacia los anhelos de la clase trabajadora – sin que, por ello, hubiera ninguna omisión de los reclamos políticos necesarios -, consideramos que Brasil llegó a un momento decisivo que exige hacer pública nuestra línea editorial con relación al tema central: Luiz Inácio Lula da Silva. Entendemos que el ex presidente fue el objetivo principal del golpe, que busca sacarlo de la contienda electoral, pues la posibilidad de tener a Lula en las urnas podría representar el retorno de la democracia con la clase trabajadora como protagonista.
Lula es hoy un preso político y está secuestrado por arbitrariedades del Poder Judicial, vista su condena sin pruebas y con atropellos en todo el proceso. Defender su derecho a ser candidato es garantizar la vigencia de las reglas democráticas. Es respetar la Constitución y devolver al pueblo las riendas del futuro del país. Privar al ex presidente de ese derecho es una etapa más del golpe.
