Durante la campaña electoral, un video filtrado exhibe el hijo mayor de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, hablando sobre la posibilidad de un cierre el Supremo Tribunal Federal con solo “un soldado y un cabo”, generó un malestar entre los integrantes de la Corte, la alta instancia del Poder Judicial.
Su actual presidente, Dias Toffoli, viene hablando en un “pacto nacional en defensa de las reformas”, como la reforma de las Pensiones, y la retirada de la Corte en las discusiones “políticas”. A la vez, puso en discusión el fallo [aún en discusión] sobre la criminalización de la homofobia, un asunto que contraria a uno de los pilares que sostienen política e ideológicamente de Bolsonaro: la bancada del fundamentalismo cristiano.
Para los especialistas escuchados por Brasil de Fato, en los próximos cuatro años el STF debe equilibrarse entre el intento de no crear tensiones entre el Ejecutivo y mantener algún tipo de autonomía, y en este dilema el primer punto es más importante que el segundo.
Frederico Almeida, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Campinas, señala que la Corte estuvo en el centro del debate político en los últimos años y, bajo la gestión de la magistrada Carmen Lúcia Antunes Rocha, que considera haber sido un “desastre”, debilitó a su imagen institucional.
Para él, las declaraciones del actual presidente de la Corte señalan el intento de evitar un conflicto directo con el gobierno de dos formas: cuando actúan para no debatir los temas considerados “polémicos” o cuando debaten, lo hacen sin sorprender al gobierno.
“Intentar mediar, intentar favorecer a la agenda del gobierno en general, principalmente en su agenda criminal y en la reforma económico, pero, por otro lado, poner límites en algunos temas vinculados a derechos fundamentales y libertades básicas”, analiza.
Concretamente, los ejemplos son el paquete anticrimen del ministro de Justicia Sérgio Moro, la reforma de las Pensiones y la libertad de cátedras en universidades, colegios y la posibilidad de criminalizar la homofobia.
Sobre las libertades civiles, Renan Quinalha, docente de Derecho de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), afirma que las conquistas recientes de la población LGBT no están amenazadas en este momento, pero está de acuerdo con la idea de que el Supremo Tribunal Federal posiblemente no actuará en otros frentes de tensión.
“El derecho al matrimonio civil igualitario, los derechos de las personas trans, son decisiones unánimes en la Corte o con mayoría expresiva, entonces pienso que no el STF va a reaccionar si Bolsonaro intentara aprobar una ley contraria. Pienso que esas cosas no van a pasar, porque o el STF mantiene su posición de rebeldía o perderá su autoridad”, afirma.
Armando Boito, también profesor de Ciencia Política de Unicamp, considera que la Corte se encuentra bajo tutela militar desde el año pasado, cuando las Fuerzas Armadas regresaron al juego político.
“El gran episodio tuvo lugar el 4 de abril de 2018, cuando el comandante del Ejército amenazó al STF públicamente para no conceder el habeas corpus a Lula. Eso, en una democracia burguesa, es algo impensable. En el gobierno Bolsonaro, los militares tienen cada vez más control, con participación directa”, considera.
