Las materias legislativas que proponen la reducción de la mayoridad penal en Brasil pueden colocar al país a contramano de la tendencia mundial. La alerta parte de la ONG internacional Human Rights Watch, que ha actuado para evitar la adopción de políticas que coloquen en jaque los derechos de niños y adolescentes.
En una audiencia pública realizada en la tarde del martes (24) en el Senado, la directora de la institución en Brasil, María Laura Canineu, dijo que, a lo largo de los últimos tiempos, los países democráticos han percibido que la reducción de la edad penal es contraproducente porque no trae los efectos esperados.
"Tratar, juzgar y condenar niños y adolescentes como adultos aumenta la reincidencia y la criminalidad. Esa es la conclusión de los estudios de la Human Rights Watch alrededor del mundo", subrayó.
Ella destacó que, en la década de 1990, varios países redujeron la mayoría apostando que la medida traería más seguridad a la población. Sin embargo, parte de ellos revisó esa política debido a los resultados que se dieron con el tiempo. Es el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, donde en los últimos años, por lo menos cinco estados aumentaron la edad penal de 16 a 18 años. En 2010, un estudio del Departamento de Justicia del país identificó que, en el caso de crímenes violentos, la tasa de reincidencia de los adolescentes juzgados en el sistema común fue 100% mayor que la de aquellos que estaban bajo los cuidados del Sistema de Justicia Juvenil.
Normativa
María Laura Canineu destaca que, en caso de aprobación de la reducción de mayoría, Brasil estará incumpliendo normas del Derecho Internacional, que prevén la existencia de un sistema de responsabilización propio para adolescentes. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que la edad penal ideal es de 18 años.
Brasil es referencia en América Latina por haber sido el primer país en incorporar los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual resultó en la creación del Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA por sus siglas en portugués), en 1990. "El país fue muy imitado, [fue] inspirador, entonces, ahora es casi una traición a esa tendencia, que fue muy positiva", afirma la directora.
El mes pasado, la Human Rights Watch envió una carta al Senado, pidiendo que los parlamentarios no alteren la edad penal.
Congreso Nacional
El tema está en discusión en el Legislativo a través de las Propuestas de Enmienda Constitucional (PEC) 74/2011, 33/2012, 21/2013 y 115/2015. La principal de ellas, que tiene más posibilidades de ser aprobada, es la PEC 33/2012, que reduce la edad penal a 16 años en el caso de crímenes considerados graves. La medida debe ser votada en las próximas semanas en el Senado y divide la opinión de los parlamentarios.
El asunto ha sido motivo de campañas y movilizaciones en diversas partes del país. Para el senador João Capiberibe (Partido Socialista Brasileño, estado de Amapá), la oposición a la PEC en el Congreso puede ser favorecida por lo apelo popular. "La diferencia entre los que quieren hacer cambio en la mayoría de edad penal y los que no quieren no es tan grande, creo que eso va a pesar el momento de la decisión de algunos senadores", acredita.
La PEC 33 es de autoría de Aloysio Nunes (Partido de la Social Democracia Brasileña, estado de São Paulo), quien está con licencia del Senado porque asumió el Ministerio de Relaciones Exteriores.
