Cada dos horas una mujer fue asesinada en 2016 en Brasil. Es lo que dice el levantamiento hecho por el Anuario Brasileño de Seguridad Pública divulgado a fines de octubre.
En números absolutos, 4.657 mujeres perdieron la vida en el país. A pesar de eso, apenas 533 casos fueron clasificados como feminicidios, incluso luego de que la ley de 2015 obliga a registrar las muertes de mujeres dentro de sus casas, con violencia doméstica y por motivación de género.
Aunque no tenga el desglose de raza y clase por falta de datos, otras investigaciones y estudios indican que el asesinato de mujeres negras y pobres es lo más recurrente.
Para Bruna Cristina Jaquetto Pereira, investigadora visitante de la Universidad de Berkeley, en California, en los Estados Unidos, la ausencia de datos ayuda a la sociedad a negar las desigualdades fundamentales relacionadas con género, raza y clase.
"Percibimos que la violencia en Brasil no es un fenómeno que afecta a todas las mujeres de la misma forma, muy por el contrario, se construye como un fenómeno social articulado en torno de género y raza, o sea, a partir del racismo y del patriarcado", dice.
La investigadora alerta que constantemente se habla de feminicidio apenas como crimen motivado por género, pero, en el caso de mujeres negras, la cuestión racial debe ser tomada en cuenta, toda vez que ellas son las mayores víctimas de esa violencia.
El Mapa de la Violencia 2015 muestra que el número de homicidios de blancas cayó, mientras el asesinato de negras aumentó: en 2003, murieron asesinadas 23% más negras que blancas. El índice fue creciendo lentamente a lo largo de los años, para, en 2013, llegar a 67%.
Bruna, en su libro "Tramas y dramas de género y color", fruto de su investigación de maestría, investigó, en los relatos de mujeres negras, que cuestiones raciales estaban presentes en la violencia que sufrieron: "No percibimos [normalmente] las vinculaciones de esos homicidios con el racismo brasileño, quiero decir, no podemos definir un eje prioritario entre género y raza. En el caso de las mujeres negras, tenemos que entender que las dos cuestiones están operando cuanto hablamos de violencia".
La coordinadora auxiliar del Núcleo de Promoción y Defensa de los Derechos de las Mujeres de la Defensoría Pública del Estado de São Paulo, Paula Sant'Anna Machado de Souza trabajó por tres años en el Juzgado de Violencia Doméstica de São Miguel, barrio de la zona este de la ciudad de São Paulo. Durante ese trabajo, ella miró puntos que diferencian el acceso a la Justicia de mujeres blancas y no blancas:
"Esas mujeres negras tienen una serie de obstáculos para el acceso a la Justicia mayores que los de las mujeres blancas. Toda esa política que venimos discutiendo desde la creación de la Ley Maria da Penha [que crea mecanismos para refrenar y para prevenir la violencia doméstica y familiar], ella aún tiene color y clase social a los cuales es destinada".
Para la defensora pública, otro agravante en esa ecuación es la violencia policial que, según ella, es una realidad en la vida de las mujeres negras y pobres.
"Las mujeres que están en la periferia no confían en la policía, en un momento de vulnerabilidad, muchas veces ellas no piden auxilio a esos actores que en el día a día son violadores".
Souza cree que la violencia contra las mujeres evidencia todas las fallas de las políticas públicas que no llegan a la mujer negra y periférica. David Marques, investigador del Foro Brasileño de Seguridad Pública, también tiene esa percepción: "Existe un escenario de deterioro de las políticas públicas de seguridad, las estrategias que históricamente fueron adoptadas en ese campo no están resultando, o sea, nunca hubo tantas personas presas y asesinadas por la policía, mientras el sentimiento de inseguridad de la población permanece, así como los indicadores criminales crecen".
Marques complementa al indicar otro dato del Anuario: hubo reducción de 2,6% en el gasto destinado a las políticas de seguridad.
