Un grupo de hombres armados invadió la aldea indígena Waiãpi, en Pedra Branca do Amapari, en el estado de Amapá, en el norte de Brasil, la madrugada de viernes a sábado (27). Emyra Wãiapi había sido asesinado por el mismo grupo con crueldad refinada esta semana. La mañana de este domingo (28), la Policía Federal y el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) llegaron al área, así como la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).
El concejal Jawaruwa Waiãpi envió audios con pedidos de socorro al senador Randolfe Rodrigues (Partido Rede – Amapá). “Un líder nos contactó informando que ocurrió una invasión de garimpeiros [mineros artesanales] y que asesinaron a un cacique”, relató a Congresso em Foco el senador. Acorralados y con miedo de nuevas retaliaciones, los indígenas se refugiaron en la comunidad vecina Aramirã, a donde niños y mujeres fueron llevados.
Sin embargo, ellos prometen retomar la aldea en caso de que las autoridades no adopten providencias para expulsar a los invasores de la comunidad. “Hay un potencial gravísimo de conflictos”, lamenta Randolfe.
De acuerdo con el senador João Capiberibe (PSB), los invasores probablemente no son de Amapá. "No se sabe si son garimpeiros. Están armados hasta con ametralladoras y entraron en la región, posiblemente por la frontera del estado con el estado de Pará." Capiberibe tuvo contacto la noche de este sábado con el cacique Viceni Waiãpi, que narró el asesinato del líder. Según la información de Waiãpi al senador, los líderes ya habían denunciado anteriormente, pero fueron desacreditados.
Ambos senadores alertan sobre la escalada de odio e intolerancia después de la elección del presidente Jair Bolsonaro. “La sangre derramada es culpa del gobierno federal, que ocurre por causa de la omisión de organismos de control”, reprobó Randolfe Rodrigues. “Quien vive del crimen se siente protegido de poder invadir territorio indígena.”
Desde enero, hubo una expansión de los focos de garimpo [minería artesanal] ilegal en el Norte, así como el aumento de la deforestación, como constató el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). Defendiendo una política de explotación de minerales en territorios indígenas, Bolsonaro viene objetando el trabajo del órgano, como recuerda Congresso em Foco.
Militantes del área, como indígenas y ambientalistas, responsabilizan al gobierno de Bolsonaro por el avance de la actividad ilegal – verificado en diferentes puntos de los estados de Pará y Roraima también – y critican el relajamiento de las reglas de control y fiscalización.
Solidaridad e indignación
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó, en twitter, "preocupación por la información recibida sobre la posible presencia de invasores armados en el territorio del pueblo Wajãpi". La comisión solicitó también "la debida diligencia del Estado brasileño para proteger y prevenir posibles violaciones de sus derechos humanos".
En nota, la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) se solidariza con el pueblo indígena Waiãpi y repudia la violencia que "se está volviendo feroz, principalmente fomentada por los posicionamientos intransigentes, irresponsables, autoritarios, prejuiciosos, arrogantes e irrespetuosos del actual gobierno, especialmente del señor presidente de la República Jair Bolsonaro, con los ataques que viene haciendo a los derechos de los pueblos originarios de este país, sobre todo a los derechos territoriales ya garantizados en territorios indígenas completamente demarcados regularizados a la luz de la Constitución Federal de 1988 y que este gobierno está en todo momento intentando hacer retroceder."
*Con información de Congresso en Foco. Actualizado el 28/08/2019 a las 15h08.
