El recorte presupuestario de 1.000 millones de reales [aproximadamente 250 millones de dólares], llevado a cabo por el Congreso Nacional en enero de 2019 fue el presagio de un año de desmantelamiento y retrocesos en la salud pública brasileña.
El gobierno Bolsonaro impuso una serie de impedimentos a los usuarios del Sistema Único de Salud (SUS). Con menos dinero en las cuentas públicas las consecuencias serían inevitables: hospitales desmantelados, menos funcionarios, falta de medicinas y minorías desatendidas.
El presidente finalizó el programa Más Médicos, creado en 2013 para llevar atención primaria hacia las zonas pobres y remotas del país, y presentó el programa "Médicos por Brasil". Sin embargo, nunca ha presentado una medida consistente para llenar el vacío generado tras la ausencia de ocho mil médicos cubanos.
La población empobrecida de las regiones periféricas en las grandes ciudades fue la más afectada por recortes, desasistida por el nuevo programa, según un informe de la Red Nacional de Médicas y Médicos Populares. El “Médicos por Brasil” también hizo inviable la construcción de nuevas unidades de salud y debilitó los vínculos laborales.
Además, la relación entre derechos laborales y servicios públicos de salud desencadenó diversas huelgas y protestas como reacción a las medidas del gobierno. En junio, trabajadores de hospitales, unidades básicas de salud (UBS) y unidades de pronta atención (UPA) paralizaron sus actividades contra la reforma de las Pensiones. Los manifestantes afirmaban que la propuesta penalizaba a los trabajadores para beneficiar el mercado.
Sin medicinas
El aprieto financiero impactó también las farmacias populares. Sin gestión por meses y con un 27% menos en el presupuesto, el programa dejó de atender a 7 millones de personas en los dos últimos años, de acuerdo con un informe del portal Repórter Brasil organizado en colaboración con el Ministerio de Salud y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). Cerraron más de 400 farmacias.
A la par, el Ministerio de Salud suspendió, sin explicar los motivos, el contrato con siete grandes laboratorios farmacéuticos públicos, que producían 19 medicinas gratuitas a través del SUS, lo que impactó a 30 millones de brasileños. A través del acuerdo, el gobierno compraba medicinas por un precio menor (hasta 30% menos) que en el mercado.