Objeto de una disputa judicial, la Lista Sucia de Trabajo Esclavo de Brasil volvió a ser divulgada por el gobierno federal hace cerca de un mes. Pero, especialistas en el asunto señalan que el número real de beneficiarios de la práctica puede ser mucho mayor, llegando a más 40 veces la cifra oficial.
El procurador del Trabajo Tiago Cavalcanti, coordinador nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo del Ministerio Público del Trabajo (MPT), defiende la necesidad de monitorear y establecer responsabilidades en toda la cadena productiva que pueda estar involucrada en el trabajo análogo a la esclavitud.
"Aquella persona que directamente contrata trabajo esclavo no es el único beneficiario. Varias otras empresas también se benefician", afirma. "Si hay abaratamiento del costo de producción y trabajo precario en la cadena productiva, es lógico que todos aquellos que se benefician del abaratamiento son corresponsables por lo que ocurre en la base".
Cavalcanti afirma que hay una tendencia mundial en ese sentido, citando legislaciones nacionales en Inglaterra y Estados Unidos, cuyo objetivo es promover mayor transparencia empresarial, y la recomendación de 2014 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata sobre medidas para combatir el trabajo forzado.
“Con la fragmentación de la cadena productiva – resultante de la apertura comercial, sobre todo a partir de la década de 1990 –, es la base de la misma la que sufre los males que surgen del trabajo precario. En Brasil, también se trata [a través del MPT] de responsabilizar a aquellos que se benefician del trabajo esclavo”, apunta.
El procurador dice además que el ejemplo más exitoso en el tema está en el área textil, conocida por el empleo de inmigrantes sin documentación: "Hay una cierta evolución de ese establecimiento de responsabilidades en cadena en el sector de confecciones, especialmente en la ciudad de São Paulo. En ese sector hay tres niveles bien delimitados – talleres de costura, confecciones y grandes marcas. Nosotros vemos nítidamente que todos se favorecen del trabajo esclavo. En otras cadenas, sin embargo, la telaraña de fragmentación está mucho más pulverizada".
Número
AML Consulting, empresa especializada en la elaboración de bancos de datos de "perfiles sensibles" relacionados con lavado de dinero, ha volcado su atención a la cuestión.
La consultoría, a partir de la lista oficial divulgada por el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), cruzó las listas de personas señaladas con fuentes de informaciones públicas. El resultado sorprende: de las 68 personas indicadas originalmente, la empresa llegó a la estimativa de 3.100 personas naturales o jurídicas que tienen algún grado de involucramiento con la práctica.
Alexandre Botelho, socio-fundador de la AML y consultor senior en prevención de lavado de dinero y fraudes, explica que la lista de nombres – que no es pública – indica potenciales "beneficiarios finales" del trabajo análogo a la esclavitud, o sea, "personas que, en último análisis, ejercen un papel importante en una empresa, sea en la condición de accionista mayoritario/a, socio/a, administrador/a e incluso aquellas que, eventualmente, no figuran en el cuadro de la compañía, pero que de alguna forma influencian en las decisiones".
"La llamada Lista Sucia del trabajo esclavo incluye una lista de empleadores. Por ejemplo, se registra el nombre de un fabricante. A partir de esa información, hacemos un trabajo de búsqueda de otras personas o empresas que tengan vínculos con ese fabricante y que, independientemente de haber practicado el ilícito, se hayan beneficiado de la práctica del trabajo esclavo", continua.
El involucramiento con empresas o personas que practican trabajo esclavo genera dos tipos de riesgo: legal y de reputación. El primero dice respecto a las posibles sanciones jurídicas, o restricciones, como negarles financiamiento de bancos públicos. Según Botelho, sin embargo, la mayor preocupación de las empresas es la cuestión de la imagen de la compañía: "el sector financiero, y cada vez más áreas de la economía, se preocupan de la reputación de aquellos con quienes establecen cualquier relación de negocio", apunta el consultor.
Retroceso
Tiago Cavalcanti indica, por otro lado, que la tentativa de modificación de la legislación laboral en curso en el Congreso Nacional puede perjudicar el combate al trabajo esclavo.
"Esa reforma laboral que pretenden aprobar prevé un dispositivo que veta establecer responsabilidades en cadena. Eso crea un obstáculo jurídico [para nuestra actuación]", defiende.
Él recuerda también que uno de los puntos previstos en los cambios tiene relación directa con la cuestión: la tercerización.
"Si usted toma los datos, de cada diez trabajadores rescatados, nueve son tercerizados. La tercerización va de la mano con todo tipo de fraude laboral. En lenguaje popular, es el cáncer del derecho al trabajo", indica Cavalcanti.
Caso
La Lista Sucia, iniciada en 2003, volvió a ser divulgada el 23 de marzo de 2017, luego de una batalla judicial.
Desde 2014, la Lista venía sufriendo restricciones en su difusión debido a una acción judicial de la Asociación Brasileña de Desarrolladoras Inmobiliarias (ABRAINC), acatada por el Supremo Tribunal Federal (STF).
El retorno de la publicación, que estaba judicialmente liberada desde 2016, ocurrió después de la acción del MPT que pedía que el Ministerio fuera obligado a divulgarla. El MTE defendía la suspensión de la publicación bajo la justificación de mejorar criterios para "no perjudicar empleadores".
