Existen una serie de normas legales que garantizan los derechos de los Warao, así como de otras nacionalidades indígenas. Esos documentos afirman que se les debe consultar acerca de sus propios destinos, pero en la realidad eso no está ocurriendo.
Por este motivo, en Pará, estado del norte de Brasil, muchos prefieren vivir fuera del albergue ofrecido por la alcaldía, aunque sin empleo y en situación de vulnerabilidad.
Benícia Torres Pérez vive en el barrio Tapanã, en la periferia de la capital, Belém. Su casa de palafitos tiene cuatro cuartos de madera. La comunidad no cuenta con saneamiento básico y cuando llueve el local se inunda, acarreando aguas residuales y desechos hacia el interior de las casas.
Su hija, Denise Pérez, tiene un año y presenta señales evidentes de desnutrición. La niña es una de los muchos Warao nacidos en Brasil. Benícia está en Pará desde hace dos años y vive en su actual vivienda hace un año. La comunidad tiene una alta tasa de criminalidad y su familia ya fue robada cuatro veces.
Benícia Perez y su hija Denise, una de los Warao nacidos en Brasil / Catarina Barbosa/Brasil de Fato
En otro distrito, Outeiro, ubicado en la región metropolitana de Belém, otras familias Warao viven de alquiler y enfrentan dificultades. Sin trabajo, ni siquiera tienen dinero para comprar comida y cocinar, pero aun así relatan que la vida en el albergue es muy difícil.
Al otro lado de la ciudad, en el distrito industrial de Ananindeua, Jorge Zapata y otras 17 personas viven en casas pequeñas, sin ventanas y con cuentas de luz que llegan a 800 reales mensuales [aproximadamente un 77% del salario mínimo en Brasil].
Aun así Jorge Zapata dice que no le gustaría salir de allí porque su hijo, que tiene trastornos mentales, no consigue vivir en armonía con los otros. Él afirma que la situación de los migrantes es complicada y admite que esperaba recibir más apoyo por parte de las autoridades.
Algunos niños Warao jugan en un territorio cercano a sus casas / Catarina Barbosa/Brasil de Fato
Ambiente fluvial
El reportaje de Brasil de Fato visitó a aproximadamente 60 familias Warao en otra comunidad, ubicada en el barrio Curuçambá, en el municipio de Ananindeua, en la región metropolitana de Belém, que afirman que les gusta vivir allí y que no piensan regresar al albergue.
Uno de los motivos, además de su autonomía, es que el lugar se parece mucho a sus comunidades en Venezuela. “Nuestros ancestros siempre vivieron en armonía con la naturaleza, razón por la cual nuestra historia está profundamente vinculada al ambiente fluvial, donde vivimos tradicionalmente en casas de palafitos, en la región del Bajo Delta del Río Orinoco”, dice un fragmento del protocolo de consulta narrado por los indígenas.
A pesar de las similitudes del lugar, ubicado en los márgenes del río Maguari, no hay saneamiento básico, la energía eléctrica es improvisada y solo dos lotes pertenecen a los Warao porque fueron donados por un habitante local. Al comienzo vivían allí seis familias Warao, las demás llegaron después.
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"Ojalá puedan reglamentar este espacio, para todos. Los Warao no quieren hacer mal a nadie, solo queremos el derecho de poder seguir existiendo”, declara Carlos Zapata que enseña la comunidad que ayudó a construir.
Sin embargo, él teme que el espacio no sea reglamentado porque no tiene confianza en la alcaldía y sabe que tal vez no puedan permanecer allí, donde se siente bien pese a los problemas estructurales. “La alcaldía nos dice que va a proponer un acuerdo, pero no sabemos cuando lo presentarán. Nos gusta vivir aquí, no queremos vivir en la ciudad. Nuestra cultura Warao es así”.
Brasil de Fato intentó contactar a la alcaldía de Ananindeua para saber que ayudas ofrecen a los indígenas en el municipio pero no hubo una respuesta hasta el cierre de esta nota.
Marcos legales
“El gobierno no puede consultarnos solo en el último momento, después de haber tomado una decisión sobre algo que sea de importancia para nuestro pueblo”. La cita consta en el Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada de los Warao, elaborado con el apoyo del Ministerio Público Federal (MPF), lanzado el 13 de julio.
El documento, redactado por los propios indígenas, intenta evitar posibles violaciones de sus derechos humanos. “No queremos ser explotados, ni marginalizados. No queremos ser tratados de cualquier manera, queremos que nuestro pueblo y nuestra cultura sean respetados”, afirman en otro fragmento del protocolo.
La consulta previa es un instrumento creado por la Convención nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1989, que garantiza el derecho a la consulta de los pueblos indígenas siempre que puedan ser afectados por una medida administrativa o legislativa.
Las formas autónomas de toma de decisiones sociales y políticas de los indígenas están garantizadas también por la Constitución Federal de Brasil, por la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, por la Ley de Migraciones (ley n.º 13.445), de Refugio (ley nº 9.474) y por medidas de asistencia de emergencia para acogida a personas en situación de vulnerabilidad debido al flujo migratorio provocado por crisis humanitaria (ley n.º 13.684).
A pesar de la diversidad de marcos legales sobre el tema, el fiscal del MPF Felipe de Moura e Palha afirma que en Brasil se deben superar muchas barreras para garantizar los derechos de estas poblaciones, sobre todo debido a la ausencia de diálogo.
“Como el protocolo fue redactado hace poco tiempo, mencionamos lo básico. No se puede crear políticas para los Warao sin su participación”, concluye.
