La reanudación inmediata del Plan de Acción para Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía (PPCDAM) es lo que pide una acción presentada esta semana en el Supremo Tribunal Federal (STF) por siete partidos políticos brasileño – PSB, PDT, Rede, PV, PT, PSOL y PCdoB -, junto con otras diez redes y organizaciones de la sociedad civil.
La Acción por Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) presentada en el tribunal incluye un extenso levantamiento con datos y análisis sobre la destrucción de la selva y la desestructuración de políticas ambientales promovidas por el gobierno de Jair Bolsonaro. La ADPF es un tipo de acción que busca evitar, suspender o reparar daños a algún principio básico de la Constitución resultante de acto o omisión del poder público. En este caso, el abandono de políticas de contención de la deforestación e incendios en la Amazonía.
Entre las demandas de la ADPF están la reanudación del cumplimento de metas establecidas por la legislación nacional y acuerdos internacionales asumidos por Brasil sobre el cambio climático, en la práctica abandonadas desde 2019. La acción exige, por ejemplo, que la deforestación en la Amazonía sea reducida al nivel de 3.925 km² hasta 2021, lo que ya debería haber ocurrido en 2020.
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De acuerdo con la acción, la administración federal estimula desmates e incendios por medio de un conjunto de acciones y omisiones que, en la práctica, paralizaron el PPCDAM, objeto principal de la ADPF. El plan creado en 2004 y aplicado hasta 2018 continua en vigor, según la legislación.
Las tasas oficiales de deforestación crecen gradualmente desde 2012, pero batieron récords históricos a partir de 2019, con el gobierno de Bolsonaro. Entre agosto de 2018 y julio de 2019, la cifra fue 10.129 km², 34% más que 2017-2018. Se trata del número más elevado desde 2008 y la tercera mayor alza porcentual de la historia. La tasa para 2019-2020 camina a batir de nuevo el récord: un sistema del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe) estima un aumento del 34%.
“Sería la primera vez en la historia que la deforestación en la Amazonía tendría dos subidas seguidas de alrededor de 30% cada una”, dice a Brasil de Fato Mauricio Guetta, abogado y consultor jurídico del Instituto Socio Ambiental (ISA), una de las organizaciones que participaron en la elaboración de la acción.
“Pedimos que se establezca una política pública de Estado que integre a los sectores de gobierno, lo que en el pasado ya contó con más de 10 ministerios y diversos organismos. Esa política, entre 2004 y 2012, generó una reducción bastante significativa de la deforestación. Las cifras actuales son inaceptables y no atienden a los intereses de la población brasileña”, dice Guetta.
La ADPF solicita además la reducción continua, hasta la extinción, de la destrucción ilegal de los bosques en Territorios Indígenas y Unidades de Conservación federales amazónicas.
