América Latina fue una de las últimas regiones afectadas por la pandemia de la covid-19 y una de las últimas en implementar medidas de aislamiento social.
Además de imponer una nueva dinámica de vida con rígidas cuarentenas, la pandemia también profundizó el escenario de crisis económica, provocando que el Producto Interno Bruto (PBI) regional se contraiga un 7,7%, la cifra más alta de los últimos 120 años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La precarización de las condiciones de vida de los trabajadores se reflejó en la reducción de los indicadores de bienestar económico y se expresó en un contexto de convulsión social.
Millones de latinoamericanos protestaron en varios países de la región por el fortalecimiento de los sistemas de salud pública, por las medidas gubernamentales que cubrieron los aspectos sanitarios y económicos, así como para denunciar las fallas de sus estados nacionales.
«La crisis que estamos atravesando, los pueblos del mundo, ha evidenciado mucho más, una crisis del sistema capitalista que hace insostenible la vida en el planeta tierra», destaca Manuel Bertoldi, del Frente Patria Grande de Argentina y miembro de la secretaría ejecutiva de Alba Movimentos.
El desempleo también alcanzó niveles récord, mostrando que la realidad de las mayorías es el sector informal. Según la CEPAL, cerca de 34 millones de trabajadores perdieron su empleo durante la pandemia, de estos 23 millones están ´´fuera de la fuerza de trabajo´´, cuando dejan de buscar un trabajo fijo.
Sin estabilidad laboral, ingreso fijo, derecho a vacaciones o licencias pagadas. En Brasil, alrededor del 40% de los trabajadores están empleados con contratos informales, en Perú llega al 73% de la población económicamente activa. Por esta razón, en América Latina, las horas trabajadas en 2020 disminuyeron en un 20,9%, el doble del promedio mundial, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El sociólogo peruano Eduardo Ballón coincide en que la crisis del modelo económico actual es una de las expresiones más evidentes en las demandas de las protestas que marcaron el año pasado.
«Hay una expectativa de que habrá cambios, pero donde enfocan sus propuestas de cambios más radicales es en el modelo económico», señala.
Identifica dos tendencias: un cuestionamiento sobre el modelo actual de democracia y sobre el modelo de Estado liberal.
» Se empieza a reclamar un rol del Estado, que antes no exigían, porque el Estado nunca les dio nada. Empiezan a cuestionar directamente el mundo privado y las grandes empresas. Empiezan a descubrir que una de las condiciones para su organización es el reconocimiento de un conjunto de derechos que les permite articularse colectivamente ”, analiza.
Constituyentes
En Chile, además de denunciar el desempleo y la falta de acceso al agua en las áreas metropolitanas cercanas a la capital Santiago, los movimientos sociales también tomaron las calles para exigir la reanudación del proceso constituyente.
El plebiscito constitucional estaba programado originalmente para abril y fue pospuesto por el gobierno de Sebastián Piñera, alegando que sería una medida de bioseguridad. Luego de meses de manifestaciones callejeras, los chilenos ganaron no solo la consulta, sino también el triunfo de la reforma constitucional, con el 78% de los votos.
Después del plebiscito, ¿cómo se redactará la nueva constitución de Chile?
En 2021, se espera que los ciudadanos elijan una convención constituyente, que tendrá un año para redactar una nueva carta que nuevamente será sometida al plebiscito.
Por primera vez, una convención constituyente con paridad de género redactará una constitución. El 11 de abril se elegirán 155 miembros, 17 de los cuales deberán ser representantes indígenas. Con la reforma, el país abandonará la constitución escrita durante el régimen militar de Augusto Pinochet.
Para algunos sectores de la izquierda chilena, el formato de convención constitucional no favorece la participación popular, porque cumple con las normas electorales vigentes / Revista de Frente
En Perú también está vigente una constitución promulgada durante el período dictatorial, que ahora ha sido puesta en jaque por los ciudadanos. Luego de derrocar a un presidente, los peruanos continuaron movilizándose exigiendo que se convocara una asamblea constituyente en las elecciones legislativas de abril de 2021.
Manuel Merino, quien asumió el poder tras un golpe parlamentario contra Martín Vizcarra, fue destituido con menos de una semana de gobierno interino, gracias a las presiones en las calles.
Una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos en diciembre pasado, muestra que el 97% de la población peruana está a favor de cambiar la constitución.
Se busca reemplazar la actual Carta magna, redactada durante la dictadura de Alberto Fujimori, en 1993. Al igual que en Chile, las principales reformas apuntan a acabar con las bases liberales de la concepción del Estado, aumentando la estructura pública, con sistemas de salud, educación y seguridad social universal, así como el control de la explotación de los recursos naturales por parte de empresas transnacionales.
«No creo que sea un tiempo corto ni rápido. Tanto en Chile como en Perú estamos en un período constitucional que no necesariamente significa que estemos a las puertas de una nueva constitución. Seguirán habiendo enfrentamientos, resistencias, reuniones y desencuentros, pero es claro que estamos en una nueva época y la vieja se acaba. Entre otras cosas, por su incapacidad y sus propias limitaciones ”, analiza el sociólogo peruano Eduardo Ballón.
En Guatemala, manifestantes llegaron a quemar la sede del Congreso para denunciar su insatisfacción con la clase política. / Prensa Libre
Anticorrupción
En Mesoamérica y el Caribe, además de denunciar las precarias condiciones de vida durante la pandemia, miles de guatemaltecos y haitians denunciaron los delitos de mala gestión y corrupción de sus gobiernos.
En noviembre, en Guatemala se rechazó masivamente el anteproyecto de presupuesto para 2021, que alcanzó una cifra récord de US$ 12.000 millones, pero pronosticaba una disminución en las transferencias a sectores como salud y educación.
Las manifestaciones terminaron exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, quien aún no ha cumplido su primer año en el cargo. Además de una autorización en el Congreso y la renuncia de la Corte Suprema del país.
Giammattei, como Bolsonaro en Brasil, destituyó a su Ministro de Salud en medio de la pandemia, alegando ineficiencia. A pesar de tener un alto presupuesto para la creación de hospitales y la compra de insumos, los fondos no se invirtieron correctamente, lo que, según los movimientos sociales, señala la complicidad entre los diferentes representantes del Ejecutivo.
En Haití, las protestas por la destitución de Jovenel Moise marcaron todos los años del mandato del presidente. Con una economía endeudada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), solo en 2020 la moneda nacional se depreció un 60% en comparación con el dólar estadounidense.
En junio, se organizó una huelga general para denunciar la miseria. Según el Banco Mundial, el 74% de la población urbana vive en tugurios y el 75% de la población rural es pobre. En noviembre, continuaron ocho semanas consecutivas de actos que exigían el fin de la corrupción.
El pueblo haitiano acusa a Moise de sumiso a los intereses de Estados Unidos, manteniendo a la nación caribeña bajo la tutela de la Casa Blanca incluso después de que terminó la ocupación de las tropas de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH). Por ello, exigen que asuma un gobierno provisional para convocar un nuevo proceso electoral.
En Haití, los manifestantes de la oposición protestan pidiendo que el presidente Jovenel Moise se vaya mientras marchan por las calles de la capital, Puerto Príncipe / AFP
Moise endureció la represión de las protestas y en diciembre dictó decretos presidenciales para «fortalecer la seguridad pública», que creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), dando inmunidad a los funcionarios civiles y militares de la institución. Por este acto, organizaciones de izquierda denunciaron que el presidente intentaba instaurar una dictadura en Haití.
“Con la disminución en el valor que se le dio a la democracia en el pasado, también cae buena parte de sus actores. Y quienes buscan sobrevivir tendrán que conectarse con esta lógica de movilización aún heterogénea, que entiende la política de una manera radicalmente diferente a mi generación. Y comprender sus demandas y formas de articularse según sus propios códigos ”, analiza Eduardo Ballón.
No solo el sistema político de partidos está en crisis de representación, también lo están las formas tradicionales de organización de la clase trabajadora. El sociólogo considera que las manifestaciones que se iniciaron espontáneamente en varios países, articuladas a través de las redes sociales y con el protagonismo de la juventud demuestran que los sindicatos y los movimientos necesitan encontrar nuevas formas de organización.
Después de años de protestas da marea verde feminista, el Senado argentino aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. / Argentinas
Derechos humanos
En América del Sur también hubo manifestaciones masivas en 2020.
En Colombia, los movimientos comunitarios y campesinos han permanecido en las calles desde el año pasado, denunciando el genocidio de líderes sociales. Hubo 306 asesinatos entre enero y noviembre de 2020 y 695 desde el inicio del mandato presidencial de Iván Duque (Centro Democrático), según el Instituto para el Desarrollo de la Paz (Indepaz).
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Protesta en Cali contra el incumplimiento del Acuerdo de Paz y los asesinatos de exguerrilleros. Desde 2016, además de 227 excombatientes, han sido asesinados 1.008 líderes sociales / Luis Robayi/AFP
En Brasil, protestas antifascistas denunciaron la militarización y el giro conservador de la administración de Jair Bolsonaro. Repartidores de apps llamados repartidores antifascistas, junto con la hinchadas organizadas de los equipos de fútbol, dieron inicio a la agenda de manifestaciones callejeras del país.
Y sobre fin de año, en Argentina se pinta la marea verde en defensa de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, logrando aprobar la ley para legalizar el aborto en la Cámara de Senadores.
«La batalla ideológica, y todos los medios que contempla, es fundamental. La segunda tarea de los movimientos populares es encontrar formas de organización que respondan a las nuevas formas de vida de los trabajadores, de la clase trabajadora», defiende Bertoldi.
Para ello, Alba Movimientos convocó su tercer encuentro continental para octubre de 2021, en Bolivia, con el fin de acompañar a la base social que garantizó el regreso del Movimiento al Socialismo (MAS -IPSP) a la presidencia luego de casi un año de golpe.
:: Volví gracias al pueblo, dice Evo en 1º discurso después de volver a Bolivia ::
«Por eso debemos construir propuestas en nuestros países para superar el sentido del sistema hegemónico, que es el sistema capitalista», señala Bertoldi.
Señala que la práctica del internacionalismo se convirtió en una necesidad aún más urgente tras la pandemia, «con un horizonte que definiremos en cada país».
«En Venezuela es el socialismo del siglo XXI, en Bolivia como un proceso de cambio, un proceso de buen vivir, como en Ecuador. Tenemos que avanzar en sistemas transformadores post-capitalistas en el plano económico y también en el aspecto político», concluye el representante de Alba Movimientos.
Edición: Leandro Melito
