El ala ambiental del gobierno federal brasileño aumentó la presión esta semana para que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vete secciones de la nueva ley de pesticidas, conocida durante su trámite en el Congreso como "PL del Veneno". El texto flexibiliza reglas y facilita el ingreso de nuevos plaguicidas al país.
Repórter Brasil informó que técnicos del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) prepararon una lista recomendando seis vetos al texto aprobado por el Senado el 28 de noviembre.
El documento, al que tuvo acceso exclusivo el medio, ha sido enviado al Ministerio del Medio Ambiente para que se remitan a la Presidencia de la República. Lula tiene hasta el día 27 para decidir si sanciona o veta la nueva ley.
El informe señala "retrocesos", "inconstitucionalidades" y enumera seis "vetos esenciales" al texto que está en manos del gobierno. Lula tendrá hasta el 27 de diciembre para tomar su decisión. La Presidencia tiene la prerrogativa de eliminar o no artículos del texto, pero no está facultada para modificar la redacción. En caso de vetos, el Congreso podrá realizar una nueva votación para intentar restablecer el contenido suprimido.
:: Basta de veneno: por un Brasil libre de pesticidas ::
Repórter Brasil buscó al Ministerio del Medio Ambiente y a la Casa Civil de la Presidencia de la República para comentar el contenido del documento elaborado por el área técnica del IBAMA. A través de su asesoría, el Ministerio declaró que aprueba las propuestas de veto y que serán remitidas al palacio presidencial.
"El Ministerio de Medio Ambiente respalda la posición presentada por el IBAMA y hoy prepara una nota técnica al respecto", declaró el Ministerio.
La Casa Civil informó que solicitó un análisis de los órganos involucrados en el asunto, entre los que también está la Abogacía General de la República (Unión). "La Casa Civil de la Presidencia remitió el Proyecto de Ley 1459/2022 para manifestación de los órganos involucrados y espera respuesta", informó.
¿Cuáles son los vetos propuestos por IBAMA?
1) Reducción de competencias
El principal reclamo del IBAMA es el mantenimiento de los criterios técnicos y científicos que fundamentan la liberación e inspección de plaguicidas. El texto aprobado por el Senado quita al órgano ambiental federal y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) la función de analizar los impactos sobre la salud y el medio ambiente, en los casos de pesticidas ya registrados que puedan sufrir algún tipo de cambio en su composición química, una situación muy común en el sector. Al pedir el veto de este apartado (artículo 27), el IBAMA se justifica en el documento: "El resultado de esto es que el riesgo de la evaluación ambiental se convierte en una mera formalidad".
El organismo ambiental explica que, tal como está el texto hoy, cualquier cambio que pueda ocurrir en las características esenciales de un pesticida ya registrado –situación que puede incluso hacerlo más tóxico que originalmente– pasa a ser responsabilidad exclusiva del Ministerio de Agricultura. Esto significa que ANVISA e IBAMA ya no son escuchadas en estas situaciones.
"Los cambios pueden impactar directamente el perfil ecotoxicológico y toxicológico del plaguicida, incluida la presencia de nuevas impurezas que pueden hacerlo más tóxico que cuando se registró inicialmente", afirmó IBAMA, señalando también que el cambio contraviene la Constitución brasileña. "Este es un retroceso socioambiental flagrante, ya que hoy este tipo de evaluaciones se realizan de manera conjunta".
2) Análisis adicionales
El texto aprobado por el Congreso también prevé que las reevaluaciones de plaguicidas por parte del IBAMA y de ANVISA solo sean complementarias (artículo 28) del análisis del Ministerio de Agricultura. Es decir, quedará al Ministerio de Agricultura, a su criterio, solicitar o no esta información.
IBAMA advierte que estas revaluaciones realizadas por ANVISA e IBAMA "se basan en una sólida base técnico-científica", ya que se trata de "procesos de investigación sobre efectos adversos para la salud y/o el medio ambiente". Por lo tanto, afirma el Ibama, estos órganos "no pueden ser rebajados a la categoría de mero complemento al análisis del órgano de Agricultura".
Como ejemplo de las exigencias de este análisis técnico, IBAMA recuerda que, según la normativa vigente, el coordinador de este proceso se define según el tipo de reevaluación del producto, es decir, por las "actividades finales de cada autoridad que participa en el registro" de cada pesticida. "El órgano de Agricultura no tiene el conocimiento ni la competencia institucional para actuar en estas cuestiones", afirma el informe del organismo ambiental.
3) Reemplazo de productos
IBAMA también solicita la anulación de una norma que condiciona al Ministerio de Agricultura a adoptar medidas de seguridad.
Según el artículo 31 del texto aprobado por el Senado, si se determina que un producto causa daños potenciales al medio ambiente o a la salud humana, su restricción, suspensión, cancelación o prohibición solo podrá realizarse si existen otros "productos sustitutos» listados por el Ministerio de Agricultura.
"En consecuencia, las medidas necesarias para el bienestar humano y el equilibrio ecológico están sujetas a la acción del organismo registrador [Ministerio de Agricultura]", afirma el Ibama, que califica la norma como "un retroceso socioambiental que ofende el derecho a una vida sana y al equilibrio ambiental".
4) Control de envases de pesticidas
En cuanto a los envases de los pesticidas, el texto aprobado en el Congreso (artículo 41) elimina la necesidad de que el fabricante registre la información de forma indeleble, es decir, con etiquetas en relieve, imposibles de retirar sin dañarlas.
La nueva norma elimina la necesidad de este tipo de tratamiento visual en relación con el nombre de la empresa titular del registro, además de no obligar a advertir sobre la no reutilización de envases, una medida básica de seguridad y salud.
El artículo, advierte IBAMA en el documento, dificulta responsabilizar a las empresas por la eliminación inadecuada de los envases de pesticidas. "Retroceder respecto al control de los envases de estos productos, facilitando la eliminación del registro de la empresa titular y su reutilización indebida, constituye un retroceso socioambiental y un mayor riesgo para la salud y el medio ambiente. Atenta contra la práctica de control de envases de pesticidas [implementada] en Brasil desde hace más de 30 años", afirma la autoridad medioambiental.
5) Productos cancerígenos
Hasta la fecha, los pesticidas y sus componentes solo pueden producirse, comercializarse y utilizarse si están previamente registrados de acuerdo con los lineamientos y requisitos de los organismos federales responsables de los sectores de salud, medio ambiente y agricultura.
La nueva ley (artículo 4) cambia este consenso y dice que, ahora, solo se prohibirán los productos que presenten un "riesgo inaceptable", dejando espacio para una especie de tolerancia al riesgo. Resulta que no hay claridad sobre los criterios que fundamentan esta decisión.
"Es relevante y urgente asegurar que se mantengan los filtros de prohibición actuales. El filtro elegido es vago e insuficiente. Brasil no puede ser un camino libre para sustancias prohibidas en otros países", advierte IBAMA.
La agencia federal destaca que no es aceptable registrar un pesticida que tenga un efecto tóxico para los humanos y el medio ambiente superior a aquellos que han sido registrados para el mismo propósito.
"Asimismo, no es razonable admitir el registro en Brasil de plaguicidas para los cuales el país no dispone de métodos de desactivación, ni existe antídoto o tratamiento eficaz", dice el informe del organismo federal. "La ciencia indica que no existe un riesgo aceptable para el cáncer. Según Fiocruz, no existe una relación dosis-respuesta para los productos cancerígenos. Pequeñas dosis pueden causar daños irreversibles a la salud de las personas."
6) Registros en rebaja
La nueva ley crea una tasa única para el registro de pesticidas, a diferencia de lo que ocurre actualmente. Según el Ibama, sin embargo, no existe ningún estudio sobre los ingresos estimados que generará esta nueva tarifa. Al mismo tiempo, el texto (artículo 66) deroga una serie de normas relativas a los impuestos ambientales que ya intervienen en este proceso.
En opinión de técnicos del órgano ambiental, este cambio va en contra del interés público, al incentivar el registro de productos potencialmente nocivos para la salud y el medio ambiente, debido a la potencial "renuncia a los ingresos obtenidos por servicios ambientales".
Científicos rechazan el proyecto de ley
A pesar de las recomendaciones de vetos, no hay señales de que Lula aceptará las sugerencias. Como mostró Repórter Brasil, el texto aprobado en el Senado contó con el apoyo de la base oficialista, luego de negociaciones con la bancada ruralista realizadas durante la transición entre gobiernos, a fines del año pasado, y la aprobación de la Propuesta de Enmienda a la Constitución de reequilibrio fiscal, este año.
El proyecto original recibió más de 20 manifestaciones contrarias de la comunidad científica, entre ellas del Instituto Nacional del Cáncer, Fiocruz y la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, además de ANVISA e IBAMA.
Desde que el Senado aprobó la ley, varias organizaciones han pedido el veto del presidente. Durante la COP 28, el mandatario brasileño recibió un manifiesto firmado por Greenpeace, el Instituto Brasileño de Protección al Consumidor (IDEC), la Campaña Permanente Contra los Pesticidas y Por la Vida, y el Observatorio del Clima, entre otros.
Sin embargo, tan solo el pasado 12 de diciembre, el Ministerio de Agricultura publicó la aprobación para comercializar 18 nuevos pesticidas en el país.
