El proyecto de ley (PL 6.341/2019) que instituye el paquete "anticrimen", estructurado por el ministro de la Justicia, Sergio Moro, fue aprobado la noche de este miércoles (11) por el Senado Federal. La propuesta que endurece leyes penales y procesales del país continúa ahora para la sanción del presidente Jair Bolsonaro.
La versión aprobada reúne no sólo la propuesta inicial de Moro, con modificaciones, sino también sugestiones de la Cámara de Diputados y de parte de un proyecto elaborado por una comisión de juristas coordinada por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
El PL es una versión debilitada de lo que propuso inicialmente el ministro. Una negociación, todavía en la Cámara, derribó algunas de las principales banderas de Moro, como la denominada "exclusión de ilegalidad" – para librar a los policías de castigo al matar “bajo violenta emoción” –, el “plea bargain” – un acuerdo entre defensa y acusación a fin de concluir el proceso a cambio de reducciones de pena – y la prisión después de condena en segunda instancia.
Como el PL ya había sido aprobado por los diputados, los senadores acordaron no hacer modificaciones en el texto, para que este no necesitase volver a la Cámara. El objetivo es hacer que el proyecto comience a funcionar este año.
Humberto Costa, líder del Partido de los Trabajadores (estado de Pernambuco), afirmó durante la votación que el texto inicial tenía como intención la reducción de garantías penales, pero que el Legislativo consiguió mejorar el proyecto.
“[La propuesta] tenía como eje el endurecimiento de la legislación penal, además de la adopción de un conjunto de instrumentos extraños a nuestra legislación. Felizmente retirados del paquete originalmente llamado paquete Moro, gracias a la articulación de varios parlamentarios que conformaron aquel grupo técnico de entidades de la sociedad civil vinculadas al Derecho y que consiguieron convencer a los parlamentarios”, dijo el petista.
Rogerio Carvalho (Partido de los Trabajadores, estado de Sergipe) solicitó a Fernando Bezerra (Movimiento Democrático Brasileño, estado de Pernambuco), líder del gobierno en el Senado, que converse con el presidente Bolsonaro para que las “conquistas” no sean vetadas.
“Retroceso en la ley penal”
De acuerdo con el abogado Patrick Mariano, de la Red Nacional de Abogados y Abogadas Populares (RENAP), el paquete promoverá un profundo retroceso en la ley penal brasileña. “Tal vez estamos ante de uno de los mayores retrocesos en materia penal de la democracia [brasileña]”, comenta.
Para él, las nuevas reglas deben impactar en el aumento de la población carcelaria nacional, que, según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), ya suma 812.564 presos. “Ese paquete va a hacer que lleguemos a 1 millón de presos muy rápidamente. Va a aumentar el encarcelamiento de jóvenes, pobres y negros”.
El abogado critica el acuerdo hecho por diputados de izquierda, todavía en la Cámara, para aprobar el proyecto. “Se vendió un poco la ilusión de que el acuerdo era bueno. Está muy lejos de haber sido bueno. Fue un pésimo acuerdo. Creo que, difícilmente, algo podría ser peor de lo que lo que va a ser aprobado. Lo ideal, inclusive, era no haber votado nada”, opina.
“Ese juego interno del ‘menos peor’ es lo que hemos hecho en los últimos años. Y no sirvió para nada”, añade.
Principales medidas aprobadas:
Penas mayores
Crímenes cometidos con armas de fuego pasan a tener penas mayores en algunos casos, como homicidios con arma de uso restringido, robo con uso de cuchillo y robo practicado con grave amenaza a la víctima
Crímenes atroces
El paquete aumenta la lista de casos considerados atroces y por los cuales el condenado no puede recibir amnistía, gracia o indulto y debe comenzar a cumplir la pena en régimen cerrado.
Armas
La pena para quien manejar armas de uso prohibido aumenta de 3 a 6 años de reclusión a 4 a 12 años de reclusión.
Conmutación de régimen
La conmutación de régimen, cuando el condenado puede pasar a régimen semiabierto – solamente dormir en la cárcel, por ejemplo -, dependerá del tipo de crimen. Actualmente, la regla general es la persona que haya cumplido por lo menos 1/6 de la pena en el régimen anterior. Para crímenes atroces, la exigencia es de 2/5 (40%) de la pena si el acusado es primario y de 3/5 (60%) si es reincidente.
Con las nuevas reglas, el tiempo exigido varía de 16%, para el acusado primario cuyo crimen haya sido sin violencia contra la víctima, a 70%, en el caso de que el condenado por crimen atroz con muerte de la víctima sea reincidente en este tipo de crimen.
Abogados para policías
Policías investigados por muertes sin confrontación o legítima defensa en el ejercicio de sus funciones podrán contar con abogado pagado por la corporación para defenderlos en procesos extrajudiciales e investigaciones policiales o militares.
Tráfico de drogas
Pasa a ser considerado crimen de tráfico de drogas, punible con reclusión de 5 a 15 años, cuando alguien entrega o vende a policía disfrazado drogas, insumos, materias primas o productos químicos para fabricarlas.
