La semana pasada, el Senado brasileño aprobó el proyecto de ley que regula el mercado de créditos de carbono en el país, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la senadora Leila Barros (Partido Democrático Laborista – DF) atendió al grupo ruralista y excluyó al agronegocio de las obligaciones previstas por el Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (SBCE).
El texto, que ahora se debatirá en la Cámara de Diputados, ha sido criticado por los movimientos sociales y populares de la Amazonía por no salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales del bioma, que ya vienen siendo perjudicados por proyectos fraudulentos de compensación de emisiones en sus territorios. Otro problema señalado fue el hecho de que la normativa no se aplica a la actividad agropecuaria, que en el país es responsable del 75% de las emisiones de metano, uno de los principales gases de efecto invernadero, junto al carbono.
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Uno de los referentes en la discusión de los créditos de carbono en el país, Guarany Osório, doctor en Administración Pública y Gobierno de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), cree que la mejor alternativa sería mantener el agronegocio en el proyecto, pero calificó la aprobación como un avance positivo que ayudará a Brasil a reducir sus emisiones.
"La Amazonía está llena de complejidades. Es necesario observar y dar voz a las diferentes poblaciones que la habitan. El proceso de escucha tiene que hacerse de abajo hacia arriba", reflexionó el experto.
Cómo funciona el modelo aprobado por el Senado
La normativa aprobada por el Senado determina que Brasil debe crear una gobernanza pública para establecer el mercado oficial de créditos de carbono, que establece un límite para las empresas que emiten 10 mil o más toneladas de carbono al año y permite la comercialización de licencias de derechos de emisión.
"Habrá un límite de emisiones para todos. Al final de un período determinado, todos deberán presentar una cuota por cada tonelada que emitan. El proyecto genera toda la gobernanza para establecer un mercado de carbono que fije un límite de emisiones y permita el comercio de licencias de derechos de emisión", afirmó Guarany Osório.
En una situación hipotética, una industria que libera 10 mil toneladas de carbono anualmente a la atmósfera tendrá que reducir sus emisiones, por ejemplo, en un 10%. Para cumplir esta meta, podrá comprar bonos de créditos de carbono emitidos por empresas que hayan logrado reducir sus emisiones.
En el documento titulado "Parecer dos Povos" (El dictamen de los pueblos, en traducción libre), disponible en portugués, 28 organizaciones de la sociedad civil del campo popular -sindicatos, movimientos sociales y representantes de pueblos y comunidades tradicionales- afirman que la regulación de este mercado no puede depender únicamente de expertos, políticos y representantes de los sectores económicos interesados.
"Esto se debe a que lo que está en juego no es solo la construcción de un nicho de mercado, sino la garantía de que no se violarán los derechos humanos, así como la protección de la integridad ambiental, que, a su vez, es irreductible al carbono, y abarca otros conocimientos y modos de vida interdependientes de la naturaleza", advierte el "Parecer dos Povos".
Entre los firmantes se encuentran la Marcha Mundial de las Mujeres, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el Movimiento de Pescadores y Pescadoras Artesanales (MPP), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el Movimiento Campesino Popular (MCP) y el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC).
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Fuente de violaciones, el mercado de carbono "paralelo" preocupa a los movimientos
Según el texto aprobado, el mercado oficial de gases de efecto invernadero estará vinculado al Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (SBCE). Sin embargo, podrán seguir existiendo transacciones no reguladas, realizadas en el llamado mercado voluntario de carbono, lo que preocupa a las organizaciones populares y sociales de la Amazonía.
El "Parecer dos Povos" señala que de los 69 proyectos de mercado voluntario disponibles para evaluación, 11 tienen superposición total con áreas de uso colectivo; 22 se superponen con áreas públicas y 23 se desarrollan en áreas privadas. Estos datos surgen de una encuesta realizada por el despacho de abogados Hernandez Lerner e Miranda, con base en la plataforma de certificación Verra5, la principal que opera en Brasil.
"El acoplamiento de los mercados voluntario y regulado nos deja con un mercado de contaminación donde circulan malos bonos de carbono, debido al alto costo social de los créditos voluntarios y su asociación con fraudes investigados a nivel nacional e internacional. Así, siguiendo la lógica de facilitar el cumplimiento de los objetivos de contaminación aplicados a las empresas, la propuesta continúa reiterando el círculo vicioso de acoso, expulsiones y desplazamientos forzados asociados a la instalación de proyectos voluntarios de carbono denunciados por tantas comunidades, además de reforzar un enfoque conservacionista obsoleto que ya no tiene lugar en Brasil", dice el texto.
"Por lo tanto, considerando que los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y campesinas ya son víctimas de una serie de violaciones de derechos humanos y territoriales asociadas a la instalación de proyectos de carbono en el mercado voluntario, sus experiencias debieron haber salido a la luz y haberse traducido en aportes efectivos a la construcción de salvaguardias socioambientales. Desgraciadamente no ha sucedido así", continúa el documento.
Para el especialista en mercados de carbono de la FGV, la regularización de tierras -y la consiguiente titulación de tierras quilombolas, indígenas, extractivas y de la reforma agraria- es la clave para resolver el problema. "Esto es algo relevante para mejorar la vida de las personas. Por lo que hay que invertir en la solución de los problemas más esenciales, que es la regularización de tierras y la participación de los actores que viven allí", afirmó Osório.
"Hay personas viviendo en el bosque, y a estas personas se les debe reconocer su dignidad, además de proteger sus derechos conquistados con tanto esfuerzo", afirma el "Parecer dos Povos".
