El martes, 25 de abril, fue otro día más marcado por la represión policial de los actos populares en Brasília, la capital federal. Cerca de tres mil indígenas que hacían un acto pacífico frente al Congreso Nacional fueron duramente reprimidos por policías, que dispararon diversas bombas de efecto moral.
La represión ocurrió en el momento en que los manifestantes colocaban ataúdes ficticios cerca de la entrada del Congreso para simbolizar el genocidio de los pueblos indígenas en Brasil.
El manifestante Uirapurã, que vino del interior del estado de Pernambuco, región noreste del país, cuenta lo que presenció: "Cuando nosotros nos acercamos al lago para colocar los ataúdes, los policías llegaron disparando contra nosotros, con bombas de efecto moral, gas pimienta. Era un acto pacífico. Indio no es de violencia".
La profesora Marize Vieira, del pueblo guaraní de Rio de Janeiro, se muestra indignada con la actuación de la policía. "Muy revuelta, mucha indignación. Usted vio, había mujeres, niños, ancianos; nadie está con armas aquí. El pueblo indígena siempre fue considerado un pueblo pacífico. Nosotros vinimos cantando, en caminata, para llevar estos ataúdes y mostrar que esa política que ellos están implementando con esa bancada del agronegócio y con la bancada evangélica, que se junta con ellos para quitarnos derechos, está matando al pueblo indígena todos los días".
La protesta es parte de las actividades del Campamento Tierra Libre, que ocurre esta semana en la capital federal para discutir los temas de lucha de los pueblos.
La profesora explicó también que el acto fue contra las iniciativas del Parlamento que colocan en jaque derechos sociales y culturales de los indígenas. Entre ellas, la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 215, que transfiere del Ejecutivo al Legislativo la responsabilidad sobre la demarcación de tierras.
Para los opositores de la medida, la PEC puede hacer que los indígenas sean aún más vulnerables al juego político. "Ella también coloca que puedan cuestionarse las tierras que ya están demarcadas. Eso es un retroceso absurdo", resalta Marize Vieira.
El diputado federal João Daniel, del Partido de los Trabajadores (PT), que coordina el Núcleo Agrario del partido en la Cámara, acompañó la protesta y criticó la operación de la policía y el hecho de que el Congreso cerrara las puertas a los indígenas. "Era un campamento y una lucha histórica de los pueblos indígenas, legítima, sin ninguna necesidad de represión. Al contrario, era una obligación de la Cámara, el Senado y el gobierno federal recibirlos. (…) Es un momento de excepción, antidemocrático que esta Casa vive, de prohibición que las personas entren para hacer cualquier manifestación. Es vergonzoso", resalta.
Según líderes indígenas, cuatro personas llegaron a ser detenidas pero en seguida fueron liberadas. Los casos no llegaron a ser registrados por el Departamento de Policía Legislativa y el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia (del PSDB, partido de derecha en Brasil), no se manifestó oficialmente sobre el asunto.
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal dice que los policías reaccionaron porque los indígenas no habrían cumplido el acuerdo de no ocupar el espejo de agua que queda frente al Congreso.
