El Estado brasileño tuvo que prestar declaraciones a la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la intervención federal militar en Río de Janeiro y la ejecución de la concejala Marielle Franco (PSOL) y su chofer, Anderson Gomes. Las audiencias, realizadas en Santo Domingo, República Dominicana, fueron solicitadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por 20 organizaciones sociales y, una de ellas, contó con el testimonio de la viuda de Marielle, Mónica Benicio.
Después de cuestionar los motivos que llevaron a la intervención en Río y la falta de transparencia en la conducción de la operación, los representantes de la sociedad civil brasileña denunciaron diversas violaciones de los derechos humanos ocurridas en el período de la actuación militar y alertaron para la inconstitucionalidad de la medida.
“Al definir que el cargo del interventor tiene carácter militar, el decreto contraria la Constitución Federal brasileña que define que todas las funciones públicas son de naturaleza civil, independientemente de quien las ocupa. De acuerdo con la Ley nº 13491, de 2017 que le da foro especial a miembros de las Fuerza Armadas involucradas, entre otros, en crímenes dolorosos contra la vida de las y los civiles, el carácter militar del interventor elimina cualquier tipo de control social sobre sus acciones” concluyó el asesor de Conectas Derechos Humanos, Jefferson Nascimento.
Los reclamos de las organizaciones brasileñas fueron reforzados por los integrantes de la CIDH. La delegación del gobierno brasileño, liderada por el jefe de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Fernando Sena, defendió la legalidad de la intervención, aprobada por el Congreso Nacional y realizada en cooperación con el gobierno estadual de Rio de Janeiro, Sena resaltó aún que el objetivo principal es proteger a la población carioca y reformular los aparatos de seguridad pública en un momento de crisis financiera del estado.
Genocidio
En la siguiente audiencia, las organizaciones presentaron registros de ataques a activistas de derechos humanos en Brasil. La coordinadora de Justicia Global, Sandra Carvalho, destacó que 70 de ellos fueron asesinatos en el último año. La viuda de Marielle Franco, Mónica Benicio, declaró que la concejala se convirtió en víctima del genocidio que denunciaba y que su muerte no puede legitimar las farsas de las políticas de seguridad.
“Hemos venido aquí para reafirmar que la ejecución de Marielle no será instrumentalizada para el recrudecimiento de las bárbaras políticas que la ejecutaron. No toleraremos ni un día más de la falsa narrativa a la guerra a las drogas, del enfrentamiento armado que esconde el profundo compromiso de los agentes de los estados, perpetuando arreglos lucrativos del tráfico de drogas y de armas. La farsa no se sustentará en nombre de Marielle “, disparó.
Apelados por los integrantes de la CIDH, los representantes del gobierno brasileño reconocieron las debilidades de la política de protección a los defensores de derechos humanos y afirmaron que las investigaciones de las ejecuciones de Marielle y Anderson, ocurridas hace 50 días, avanzan con todo el apoyo estatal.
Además de Justicia Global y de Conectas, las organizaciones que representan a la sociedad civil brasileña en las audiencias de Santo Domingo fueron la Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales e Intersexos (ABGLT), Tierra de Derechos, Redes de la Maré y la Defensoría Pública de Río de Janeiro. El Estado brasileño, por su parte, envió representantes del MRE, Ministerio de Derechos Humanos, Abogacía General de la Unión, Secretaría Nacional de Juventud y del Ministerio Público Federal de Río de Janeiro.
