El último viernes (22), la Policía Civil de Brasil informó un triple homicidio en la zona rural del municipio de Baião, en el estado de Pará [región Norte de Brasil]. Entre las víctimas, estaba Dilma Ferreira Silva, 47 años, líder social coordinadora regional del Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués) desde 2005.
También fueron asesinados su marido Claudionor Costa da Silva, de 42 años, y un amigo de la familia, Hilton Lopes, de 38 años. El crimen tuvo lugar en la casa de Dilma, en el asentamiento Salvador Allende.
La presa hidroeléctrica de Tucuruí, construida durante la dictadura militar, es la hidroeléctrica nacional más grande del país y está ubicada en el río Tocantins, a 310 km de la capital del estado, Pará. Cerca de 32 mil personas fueron desplazadas de sus casas para la construcción de la represa. Desde entonces, luchan para garantizar sus derechos.
Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), la líder social es la primera activista campesina asesinada en la Amazonia en 2019.
La investigación
Según informaciones locales, cinco personas que iban en tres motocicletas llegaron a casa de Dilma, donde también hay un pequeño comercio. Los vecinos escucharon música alta y se sorprendieron porque este no era un hábito de la pareja.
Al día siguiente por la mañana, un autobús escolar se acercó a la casa de la militante, que trabajaba como instructora en la escuela de la comunidad, y los conductores encontraron los tres cuerpos. Las tres víctimas fueron amordazadas y amarradas y los primeros indicios señalan que fueron asesinadas con armas blancas.
El cuchillo utilizado en los crímenes fue identificado y será sometido a peritaje.
La coordinadora del MAB sufrió un ataque con cuchillo en su garganta y presentaba huellas de tortura. Aún se desconocen los motivos del crimen, considerado por los investigadores una ejecución.
La Secretaría de Seguridad Pública de Pará emitió un comunicado y afirma que la Policía Civil organizó una fuerza tarea para investigar el triple homicidio. “Hasta el momento no se puede definir una línea de investigación sobre el crimen”, afirma la nota.
El local donde está ubicada la casa de Dilma era una antigua ocupación, pero ya estaba reglamentada por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) desde 2012 y, por lo tanto, no se trata de un territorio en disputa. Por el momento no se ha detenido a ningún sospechoso.
El funeral de Dilma da Silva tuvo lugar el sábado pasado (23), en Monte Castelo, en estado de Maranhão [región noreste], su ciudad natal.
El territorio
El asentamiento Salvador Allende está ubicado cerca de la carretera BR-422, conocida como Transcametá, y es fruto de la lucha de los movimientos populares en Brasil. En 2011 integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil ocuparon la hacienda Piratininga. Después de un ataque realizado por sicarios, el Movimiento de Afectados por Represas pasó a ocupar el territorio junto con el MST y la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Agricultura Familiar (FETRAF).
En aquel momento, un terrateniente empezó a reclamar la propiedad, pero no presentó los documentos que compraban este hecho. Entonces el INCRA empezó a negociar el territorio para fines de reforma agraria y, en 2012, los lotes fueron distribuidos a las familias. Dilma Silva recibió el suyo y pasó a dedicarse a la agricultura y a la articulación del MAB en la comunidad.
Solidaridad
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentó el brutal asesinato y demostró su indignación.
“Quienes luchan por la tierra siempre han sufrido en Brasil. En este periodo, en este régimen autoritario, una vez más trabajan para atemorizar a los movimientos sociales e intentar acallar nuestras voces. Pero somos como semillas, cuando intentan enterrarnos, germinamos con más fuerza”, expresó Lula a través de su abogado Emídio de Souza.
La ex presidenta Dilma Rousseff también lamentó el asesinato de la líder social el último viernes (22). En una nota oficial titulada “El asesinato de una militante por la vida”, la ex mandataria alabó la actuación política de la víctima y criticó el discurso de odio de Bolsonaro.
El 2011 Silva participó de una audiencia con la entonces presidenta y le entregó un documento donde exigía la creación de una política nacional de derechos para los afectados por represas, con un enfoque de género para las mujeres afectadas.
