El año de 2011 el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) lanzó una campaña de denuncia contra el cierre de escuelas en el campo brasileño, denominada “Cerrar escuela es crimen”, señalando el cierre de 24.000 escuelas en el campo entre 2002 y 2010. Eso correspondía al cierre de las actividades de 3.000 escuelas por año, lo que ya era una barbaridad.
Desgraciadamente, la campaña no surtió el efecto esperado, a pesar de haber sido aprobada una ley, en 2013, que obligó a la realización de consultas a las comunidades antes del cierre de escuelas.
Un levantamiento actualizado, con base en los datos del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (INEP) sobre el número de establecimientos de enseñanza de Educación Básica, revela que fueron cerradas casi 80.000 escuelas en el campo brasileño entre 1997 y 2018. Las escuelas rurales seguirán siendo cerradas en gran cantidad.
Así, no sorprende que los niveles de escolaridad en el campo brasileño continúen siendo significativamente inferiores a los de las áreas urbanas.
De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), a partir de datos de la Investigación Nacional por Muestra de Hogares (PNAD, 2017), la tasa de analfabetismo en el campo es de 17,7%, contra 5,2% en las ciudades. La escolaridad media es de 8,7 años en el campo y 11,6 en las ciudades.
La gravedad de esos números de por sí apunta al absurdo de continuar cerrando escuelas en el campo, pero, desgraciadamente, el cierre de escuelas se transformó en práctica generalizada en el país. Apenas tres estados – Roraima, Amapá y Mato Grosso do Sul – abrieron más escuelas en el campo que las que cerraron a lo largo de estos años.
El problema, no obstante, es especialmente más grave en el Nordeste, donde fueron más de 40.000 escuelas, o sea, más de la mitad del total de las unidades cerradas en el país, siendo que Bahia fue el estado con mayor número en el período, con 12.815 mil escuelas cerradas.
Vale decir que el cierre de escuelas no corresponde proporcionalmente con la reducción de las matrículas escolares. En 1997, había más de 7,4 millones de estudiantes matriculados en escuelas rurales y ese número disminuyó a cerca de 5,4 millones en 2018, o sea, una reducción del 26,1%, muy inferior a la tasa de 58% de cierre de escuelas rurales.
Eso quiere decir que fueron cerradas, sobre todo las escuelas pequeñas y se redistribuyeron los estudiantes en las más grandes, en un proceso conocido como nucleación.
Una de las principales consecuencias de eso es el aumento del tiempo de traslado de los niños a las escuelas, generando más cansancio y aumentando los riesgos asociados a esos traslados.
Urge dar un basta a esta práctica sistemática de cierre de escuelas en el campo y más que nunca reafirmar: ¡cerrar escuelas es un crimen!
*Paulo Alentejano es profesor del Departamento de Geografía de la Facultad de Formación de Profesores de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro y coordinador del Grupo de Estudios e Investigaciones en Geografía Agraria (GeoAgraria).
**Tássia Cordeiro es profesora del Instituto Federal Fluminense y doctoranda del Programa de Políticas Públicas y Formación Humana de la UERJ.
