“Lamentablemente, los presos políticos, siempre son los más olvidados en todos los conflictos. Por lo general, liberan a los más grandes y los que no tienen ni patrocinios, ni organizaciones, quedan abandonados. Son los últimos en salir”, dice a Brasil de Fato el activista boliviano Daniel Soliz, miembro del Comité de Apoyo a los Presos Políticos de Cochabamba, en Bolivia.
A poco más de un mes desde que el país andino recuperó su democracia, los efectos dejados por el gobierno interino de Jeanine Añez aún permanecen en la memoria de muchos bolivianos. Uno de ellos se refiere a los presos políticos que siguen enfrentando un turbulento proceso de anulación de los cargos, así como a la búsqueda de justicia y reparación.
“Los presos políticos van desde ex autoridades del gobierno de Evo Morales, activistas que han sido encarcelados por haber hecho uso de las redes sociales, hasta activistas de las zonas populares, es decir, personas que han salido a reclamar y no pertenecían a ninguna organización o sindicato”, explica Soliz, que acompañó la situación de los presos políticos en Cochabamba, región en la que al menos 905 personas fueron detenidas tras el conflicto postelectoral y la renuncia forzada de Morales en noviembre de 2019.
El país sudamericano vivió uno de sus episodios más dramáticos cuando una crisis política y social, materializada en varias protestas en el país, se intensificó después de los resultados de las elecciones de 2019, sobre los cuales la Organización de los Estados Americanos (OEA) había anunciado un "supuesto fraude".
Las protestas en las principales ciudades, convocadas por los comités cívicos, habían mostrado su expresión más racista, con ataques dirigidos principalmente a la población indígena. Una violencia cuyo auge fue incendiar la wiphala [bandera que representa a los pueblos originarios], provocando el levantamiento de estos sectores, así como de diferentes organizaciones sociales.
Lo que siguió, además de las masacres de Senkata y Sacaba que tuvieron repercusión internacional y marcaron la violencia estatal vivida durante el gobierno de Añez, son también cientos de detenciones, torturas y acusaciones infundadas de crímenes como el terrorismo, la sedición y otros, contra individuos que fueron considerados disidentes.
"Nosotros catalogamos la persecución político-judicial por un lado. Y afectación al derecho de libertad de locomoción por otro. Hay 1534 detenciones que se producen en diferentes momentos del conflicto entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre de 2019", explica Nadia Cruz, Defensora del Pueblo de Bolivia, a Brasil de Fato.
En el informe “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia, Octubre–Diciembre 2019”, señala Cruz, se distinguen tres etapas en las que se identificó un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas bolivianas durante el gobierno interino de Añéz.
Según el informe, especialmente en la tercera fase [del 11 al 23 de noviembre], se cometieron “detenciones ilegales y arbitrarias al producirse de manera indiscriminada a personas que no estaban cometiendo ningún hecho ilícito, basándose en prejuicios como el lugar de residencia o hasta la forma de vestir”, lo que dio lugar a violaciones de los derechos humanos y a torturas.
Además, en la tercera etapa, según Cruz, se registraron la mayoría de los arrestos. Hay por lo menos 1.061 arrestos registrados en todo el país.
“En estos 1061 casos hay patrones que han señalado que la causa del arresto ha sido por un tema político. [Por lo tanto] aquí podríamos considerar que sí hubo una persecución político-judicial, porque evidentemente se realiza una suerte de apertura de procesos judiciales para detenciones preventivas”, asegura la Defensora de Pueblo.
En ese escenario, muchos bolivianos fueron injustamente encarcelados y tuvieron que enfrentarse a morosos juicios, que duraron un año, mientras que otros fueron vigilados, acosados e intimidados por las fuerzas policiales y los grupos paramilitares civiles. También hubo persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos, lo que creó un contexto de miedo que afectó principalmente a los estratos populares del país.
El caso del policía boliviano Ismael Marquina
“Yo me desempeñaba como policía en la ciudad de Cochabamba, pero vivía en Chimoré, Trópico de Cochabamba, el pilar más fuerte del MAS [Movimiento al Socialismo]. Fuera de [mis funciones] como policía, tenía un cargo como presidente de la Fejuve distrito 1 [dirigente vecinal], por ese motivo [como autoridad] algunas veces recibí al hermano presidente en Chimoré. Entonces como sabían que tenía una afinidad o apoyaba esa convicción [del MAS], me buscaron”, cuenta a Brasil de Fato Ismael Marquina, un policía boliviano que decidió no participar en el motín policial que tuvo lugar en Cochabamba el 8 de noviembre de 2019, días antes de la renuncia de Morales.
Tras un año de detención preventiva, Marquina, que fue acusado sin ninguna prueba de “tráfico de armas, terrorismo, asi como de comercio y tenencia de agentes químicos”, incluso llegó a afirmar en su momento que su detención arbitraria era una venganza [por parte de sus camaradas] por no haberse amotinado. Fue liberado el 20 de noviembre de este año, aunque su juicio aún está en curso.
"Aquí [en Cochabamba], la policía salió a reunirse con la Resistencia Juvenil Cochala [grupo paramilitar] para ir en represión en contra del pueblo, eso no es un motín, eso es un golpe de estado. Porque el motín consiste en que ningún policía abandone su unidad. Por eso decidí retirarme”, dice Marquina.
“Personalmente fue un trauma muy duro para mí. Son 13 años de servicio. Y ver cómo mis camaradas se mofaron cuando fui detenido. Me gritaban ‘traidor!’, me echaron con agua, con orín. Me dijeron ‘Masista de mierda te vamos a matar!’. Escuchar esas palabras fue muy duro”, recuerda el policía boliviano, que fue enviado a la prisión de máxima seguridad El Abra en Cochabamba.
En la opinión de Soliz, la historia del policía es un "caso emblemático" que, de alguna manera, abre una brecha de esperanza respecto a la confianza que la policía ha perdido en el país andino, especialmente en los sectores indígenas y populares, ya que "demuestra que no fueron todos los policías los que se amotinaron, fue una mayoría, pero no todos".
“Si yo logro demostrar mi inocencia iniciaré las demandas correspondientes ante organismos internacionales para el resarcimiento del daño, porque a mi me han hecho un perjuicio, un daño y una vulneración a mis derechos” dice Marquina.
Policía boliviano Ismael Marquina / Perfil personal en Facebook
Persecución a los miembros y partidarios del MAS
Un informe de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), que analizó las violaciones de derechos humanos cometidas en Bolivia e investigó las acusaciones contra ex miembros y partidarios del gobierno de Morales, concluye que se evidenciaron “cargos infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva” durante el gobierno de la autoproclamada presidenta.
La organización, que también tuvo acceso al expediente completo de la investigación de la fiscalía contra el ex Presidente Morales bajo sospecha de terrorismo y financiación del terrorismo, observó que muchos de los cargos carecían de pruebas que las autoridades del gobierno interino no pudieron presentar.
Uno de los casos más simbólicos fue el de Patricia Hermosa, que era la apoderada de Morales y ex jefa de gabinete de su gobierno. Su caso llamó la atención por su detención, basada en el hecho de que mantuvo contacto telefónico con Morales tras su renuncia, pero también por su encarcelamiento a pesar de su estado de embarazo.
Según HRW, las supuestas llamadas –para las que nunca hubo pruebas– la convirtieron en colaboradora de los crímenes atribuidos a Morales. En una completa violación de la ley boliviana, la ONG internacional afirma que Hermosa fue arrestada y mantenida en detención preventiva estando embarazada. No recibió ninguna atención médica y en marzo de 2020 sangró durante diez días y perdió el embarazo.
"Tuve un aborto espontáneo en la cárcel, es un poco delicado para mí ese tema", reveló recientemente Hermosa entre lágrimas al medio boliviano La Razón con quien habló por primera vez desde lo sucedido.
“La violencia no fue dirigida a mí, a Patricia Hermosa nadie la conocía. La violencia fue hacia Evo Morales Ayma; el odio era hacia el expresidente, un presidente indígena” dijo.
Otro informe presentado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos titulado “‘Nos dispararon como animales’, Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia”, reveló que una de las formas más comunes de persecución política llevada a cabo por el gobierno de Áñez no sólo fue la detención y el enjuiciamiento de miembros o simpatizantes del MAS, sino también de sus familiares y empleados.
Según los datos presentados por la Clínica, a principios de 2020 más de 100 políticos del MAS habían sido detenidos o se enfrentaban a cargos, y cerca de 600 ex funcionarios y sus familias estaban siendo investigados.
Además,“no solo fue un cuestión de persecución político-judicial partidaria sino que el gobierno interino hizo una asimilación de las naciones y pueblos indígenas originario campesino o las organizaciones [sociales] a un partido político y solamente por creer que son de un partido [MAS] fue la causa para generar la persecución político-judicial”, añade Cruz.
¿Y el sistema de justicia?
“Lo que nosotros podemos decir como defensoría es que de las instituciones o las instancias que generan mayor violación a los derechos humanos en Bolivia es el sistema de justicia”, señala Cruz, refiriéndose a los principales problemas que presenta el sistema judiciario y a las condiciones que permiten su uso indebido con fines políticos.
“Es un sistema que ha demostrado más claramente en el último año que se mueve a los intereses o al timón de poder que está de turno [...] La independencia no es que esté entre dicho sino que simplemente no está o no hay una independencia”, afirma.
El sistema de justicia en Bolivia es "bastante corrupto", dice Soliz, señalando que muchos de los presos políticos tuvieron que pagar a los jueces más de 5.000 dólares para ser liberados, mientras que los que se negaron a pagar terminaron quedándose más tiempo.
“Es un sistema que te lleva a sobornar al juez, a dar la cantidad [de dinero] para que se te haga justicia [...] Yo hice una investigación a dos jueces que estaban llevando las audiencias de los presos políticos. Pude ver como ellos [los jueces] armaron un modus operandi para que los detenidos lleguen al punto de desesperación y logren soltar algo de dinero para ser liberados", cuenta el activista boliviano.
En Bolivia, a pesar de que los jueces de jurisdicción nacional son elegidos por voto popular, son preseleccionados por mandato constitucional por la Asamblea Legislativa Plurinacional (mayoría del MAS en los últimos años).
Para algunos, esta modalidad habría permitido, en las últimas elecciones de 2017, que los criterios de elección de los candidatos fueran políticos, generando incomodidad en algunos sectores.
En este sentido, el actual Ministro de Justicia, Iván Lima, expresó la necesidad de definir una reforma judicial, que también podría implicar cambios en la Constitución a fin de lograr la independencia de los poderes.
Justicia y reparación para las víctimas
“Es una responsabilidad del Estado esclarecer todos estos hechos. La tortura es un delito de lesa humanidad y la afectación a la libertad personal es una afectación a los derechos humanos”, señala Cruz.
Aunque la gran mayoría de los presos políticos en Bolivia han logrado salir en libertad, algunos siguen manteniendo medidas sustitutivas, como el arresto domiciliario u otras restricciones. Es decir, continúan siendo afectados, ya que “no pueden tener una vida con relativa normalidad porque deben cargar con un proceso judicial en sus espaldas” que parece lejos de haber terminado.
“Los presos políticos han estado en primera persona en el conflicto [...] son los que al final ponen el pecho a la bala, los que ponen su libertad, ponen sus cuerpos para resistir, pero son los últimos en ser reconocidos”, resalta Soliz.
En la evaluación del activista, el último año fue un año de desgaste en el que hubo pérdidas, no sólo económicas, sino también afectivas, porque muchos perdieron a sus parejas, a sus familias que los abandonaron. Por lo tanto, "lograr la libertad [salir de la cárcel] supone una gran noticia" para las víctimas, incluso si sus procesos persisten.
“Fue muy duro para los presos políticos porque a parte de todo este abuso que ha cometido el gobierno de facto, hemos vivido la pandemia en la cárcel, dejando desamparadas a nuestras familias. Ha sido muy difícil. Por ejemplo, algunos recibían las llamadas de sus esposas y lloraban porque sus familias estaban mal. Entonces fue duro”, relata el policía boliviano.
Por otra parte, según Soliz, la experiencia vivida por las víctimas de la violencia ejercida por el Estado, además de todos los daños materiales y el estigma que deja en la sociedad el hecho de haber estado en la cárcel, ha dejado también daños psicológicos como resultado de un estrés postraumático.
“Uno de los presos hace un mes me llamó y me dijo: ‘Quiero contarte que sigo teniendo pesadillas’. O sea en sus sueños todavía siente a los policías pisándole la cabeza en la camioneta. Los policías le pisaron la cabeza hasta que sangrara, le hicieron una herida grande. Me dice: ‘Hay días que sueño que sigo en la cárcel, me despierto y estoy en mi cama. Todo esto me está trayendo problemas con mi pareja’”, cuenta Soliz.
“Entonces, esto es parte del estrés postraumático que aún tienen varios de ellos, quién va a pagar todo esto [daño]? se pregunta el activista boliviano, esperando que se haga justicia.
Edición: Luiza Mançano