Inteligencia

Experto advierte sobre riesgos en el uso de programas de espionaje en Brasil

En entrevista, el director de Data Privacy Brasil, Rafael Zanatta, alertó sobre un problema 'sistémico' del país

Traducción: Isabela Gaia

Brasil de Fato | Brasília (DF, Brasil) |
Sede da Abin, em Brasília
Sede de ABIN, en Brasilia. - Antônio Cruz/Agência Brasil

Revelado en 2023, el escándalo del uso, por parte de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), del software de espionaje First Mile para rastrear teléfonos móviles indiscriminadamente durante el gobierno de Jair Bolsonaro expuso los riesgos de un mercado de programas de espionaje utilizados por los gobiernos federales o estatales en Brasil. Además, reveló lo poco debatido que está el tema en el país y, según expertos, sacó a la luz la necesidad de discutir cambios en las normas de uso y la auditoría de dichos sistemas.

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Para Rafael Zanata, director de la ONG Data Privacy Brasil, especializada en protección de datos personales y que estudia los riesgos de estas tecnologías de espionaje, el problema va mucho más allá de First Mile e implica un cambio en la cultura de uso y fiscalización de estos programas.

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"El problema no es solo First Mile. El problema es sistémico, estamos hablando de conductas, prácticas de contratación, prácticas de inteligencia, uso de softwares que no están conectados con el cálculo de los riesgos que producen", dice Zanatta.

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Para él, abordar este escenario implica la participación de varios actores públicos y privados, así como cambios en la Ley de ABIN, en las prácticas de contratación de los organismos públicos e incluso un posible cambio en la Constitución para hacer más explícito el rol de las actividades de inteligencia en el país. "La Constitución no habla de 'inteligencia', solo menciona la 'estructura de seguridad pública', pero como el Supremo Tribunal Federal reconoció que las actividades de inteligencia están bajo el régimen del Estado democrático de Derecho, creo que la Constitución podría cumplir esa misión explícita, esto ayudaría mucho", afirma.

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Rafael Zanatta, de la ONG Data Privacy Brasil / Divulgación

Especialista en el tema, Zanatta es abogado, doctor por la Universidad de São Paulo (USP) en protección colectiva de datos personales en Brasil y miembro de la Red Latinoamericana de Vigilancia, Tecnología y Sociedad (LAVITS). En entrevista con Brasil de Fato, analizó el escenario del uso de las tecnologías en Brasil, los desafíos a superar y cómo es posible pensar en alternativas basadas en casos exitosos en países desarrollados.

Para él, el operativo de la Policía Federal en First Mile fue positivo, ya que dio visibilidad al debate y provocó discusión entre autoridades. El operativo, denominado "Última milla" (Última Milla), se lanzó en octubre de 2023 y provocó el despido del hasta entonces número tres de ABIN, Paulo Maiurino, y de otros cuatro empleados de la agencia, además de la detención de dos agentes. El operativo fue autorizado por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, y se tramita en secreto en la Corte.

Según el experto, desde el Mundial de 2014, Brasil viene ampliando la adquisición y el uso de softwares de espionaje. Fue durante el gobierno de Bolsonaro que estas contrataciones se intensificaron y la estructura de inteligencia se volvió más opaca, con la expansión del Sistema Brasileño de Inteligencia (SISBIN), que reúne diferentes organismos que comparten información sensible entre sí. Paralelamente, el gobierno de Bolsonaro habría ampliado, según Zanatta, los casos de exención de licitación y decreto de secreto para los contratos de este tipo de software.

Durante el gobierno Lula, según el experto, la Contraloría General de la Unión contribuyó a revertir esta situación y emitió normas que prevén, entre otros puntos, la publicidad en este tipo de contrataciones. Aún así, Zanatta evalúa que el país necesita avanzar en varios puntos.

Marco democrático

Para Zanatta, una buena solución para Brasil sería reflejar los ejemplos internacionales y aplicar en la práctica un reciente consenso del Tribunal Supremo Federal, que denegó en 2021 una autorización otorgada por el gobierno de Bolsonaro para que ABIN pudiera tener acceso indiscriminado a los datos de DETRAN sobre los 76 millones de brasileños que tienen licencia de conducir en el país. En la sentencia, el tribunal entendió que la actividad de inteligencia forma parte del Estado democrático de Derecho y debe estar sujeta a premisas democráticas.

"La solución que han encontrado los países es que el sistema de inteligencia tiene que estar dentro de un marco democrático. Este es un pilar esencial, no puede haber un margen de excepción, esto es innegociable. Hay que examinar constantemente la razonabilidad, la proporcionalidad y hay que tener alguna estructura política de control sobre cómo se tomarán allí las decisiones de contratación de tecnología", afirma el experto.

Asimismo, explica que, con el avance tecnológico, estas tecnologías y softwares tendrán cada vez más la capacidad de recopilar y procesar grandes volúmenes de información sensible sobre las personas. "La tecnología genera un montón de nuevas capacidades. Por eso hay que tener cuidado respecto a anticipar estos riesgos. Y esto habrá que hacerlo con un procedimiento administrativo, no queda otra, será necesario crear un reglamento interno en los organismos que dependen de estas tecnologías, un protocolo: quién lo usa, cómo lo usa, bajo qué condiciones, con qué acceso se inicia sesión, con qué controles internos", explica.

Premisas básicas

En este sentido, la ONG aboga por que se tengan en cuenta cuatro premisas básicas a la hora de contratar y utilizar este tipo de software. La primera de ellas es la necesidad, es decir, la agencia de inteligencia tendría que demostrar que intentó obtener la información por otros medios de investigación, pero no pudo hacerlo.

La segunda es la adecuación, es decir, demostrar que, para esa investigación específica, un software determinado ofrece las condiciones adecuadas para respaldar las necesidades de la agencia de inteligencia. En tercer lugar, habría que tener en cuenta el principio de proporcionalidad, es decir, el grado de posible violación de los derechos de varias personas debe ser proporcional al riesgo que está investigando ABIN u otros organismos de inteligencia.

En cuarto lugar, la ONG entiende que es necesario accountability, es decir, rendir cuentas ante las autoridades responsables respecto a las actividades de los organismos de inteligencia. En Brasil existe la Comisión Mixta de Control de las Actividades de Inteligencia (CCAI), que tiene entre sus responsabilidades la fiscalización de las acciones de ABIN.

Sin embargo, según Zanatta, los parlamentarios de la comisión no tienen suficiente conocimiento sobre los diferentes softwares y los riesgos que ofrecen. La ONG incluso realizó un estudio con base en las actas de las reuniones de la comisión para evaluar el trabajo de los parlamentarios y constató que estos, en general, dedican más tiempo a enfrentamientos políticos e intercambios de acusaciones que a análisis técnicos y en profundidad de los usos de herramientas de búsqueda de información y espionaje.

"La CCAI podría organizarse y decidir 'hagamos un trabajo de investigación durante un año y medio, utilicemos recursos públicos, traigamos personal de seguridad pública, hagamos un informe ejemplar, establezcamos lineamientos sobre el uso de estas tecnologías', pero no lo hicieron. En cambio, se involucraron en discursos y debates políticos más performativos", dice el investigador.

Espionaje y soberanía en otros países

Zanatta enumera como buenas referencias para el debate en Brasil los casos de Alemania y Estados Unidos, dos países desarrollados que enfrentan el desafío de equilibrar el uso de tecnologías modernas para garantizar la seguridad pública con la preservación de los derechos de la población.

En Alemania, según Zanatta, se han introducido recientemente cambios en la legislación y se ha establecido un sistema mediante el cual las actividades de inteligencia son supervisadas por una comisión de parlamentarios de diferentes partidos designados a tal efecto y que se comprometen a no hablar de actividades de inteligencia que monitorean. "Esto genera una especie de accountability democrática, porque, en definitiva, la inteligencia sabrá que tiene, en condiciones de confianza, un grupo de parlamentarios observando lo que hace", explica el director de la ONG.

En Estados Unidos, la iniciativa ha sido adoptada por el propio gobierno federal, a través de las llamadas órdenes ejecutivas del presidente Joe Biden para vetar la contratación de determinadas empresas de tecnología que han cometido abusos en el uso de estas tecnologías. Según el director de la ONG, estas medidas de Biden estaban inspiradas en razones geopolíticas de Estados Unidos.

"Si el gobierno de Estados Unidos hace la vista gorda y permite que cualquier tipo de software sea utilizado por cualquier gobierno, esto implica una capacidad mucho mayor para los gobiernos que no son amigos de Estados Unidos de utilizar sistemas de inteligencia de espionaje muy avanzados", afirma. "Una de las formas de mantener cierto orden mundial, por así decirlo, es establecer un mercado legítimo para este tipo de espionaje. Porque en la regla del todo vale, Estados Unidos pierde", explica el director de la ONG.

Menciona también estudios realizados por el profesor estadounidense Steven Feldstein que muestran que en los últimos años la contratación de spywares, softwares de espionaje, ha crecido más en países autoritarios, como los Emiratos Árabes Unidos y Sudán.

En este escenario, entiende que organismos que utilizan programas de espionaje, como el Ministerio de Justicia, podrían adoptar una postura similar a la de Estados Unidos al tratar con empresas que producen y venden estas tecnologías. "El Ministerio de Justicia necesita tener protocolos, indicaciones como las que está haciendo el gobierno de Biden, para decir 'mira, ciertos tipos de proveedores, ciertos tipos de software no se pueden usar, porque esto significa que pondrás en riesgo la seguridad nacional, la fundamental derechos en riesgo'", afirma.

"Entonces, hay responsabilidades para todos. Tenemos universidades, con investigadores que necesitan investigar más sobre el tema. El Ministerio de Justicia tiene que moverse, editar protocolos y el Congreso tiene que reforzar la legislación y poner a trabajar la CCAI", concluye.

 

Edición: Rebeca Cavalcante