La mayor minera de Brasil y tercera mayor compañía minera en la industria global, Vale tiene un historial de delitos ambientales y tragedias humanas. La empresa es responsable por la ruptura de la represa Mina do Feijão, en el municipio de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, que hasta ahora provocó la muerte de 84 personas. Son más de 270 desaparecidos y 192 han sido rescatadas ya.
La ruptura de la represa tuvo lugar 3 años después del delito ambiental en Mariana, también en Minas Gerais. El desastre de noviembre de 2015 liberó cerca de 62 millones de metros cúbicos de relaves en la región y provocó la muerte de 19 personas tras la ruptura de la represa de Fundão, perteneciente a la empresa conjunta Samarco [copropiedad de Vale y BHP Billiton].
Para reparar los daños a las personas afectadas por la ruptura de la represa Mina do Feijão, la Justicia de Minas Gerais bloqueó R$ 11.000 millones de la minera Vale (US$ 3.000 millones). Por su parte, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) multó a la empresa en R$ 250 millones [aproximadamente US$ 67 millones].
Las penalidades, sin embargo, representan muy poco si se comparan con las enormes ganancias de la empresa. Después de una política de reestructuración societaria en junio de 2017, cuando adoptó nuevas políticas de mercado y dividendos, las acciones de Vale aumentaron un 83%.
En 2018, Vale alcanzó su mayor valor de mercado en los últimos siete años, al alcanzar el valor aproximado de R$ 300.000 millones [US$ 80.000 millones]. En octubre del pasado año, la empresa minera anunció que en el tercer trimestre obtuvo una ganancia líquida de R$ 575.000 millones [US$ 154.000 millones], con un récord de producción de 104,9 millones de toneladas de mineral de hierro.
Sin embargo, después del crimen ambiental en Brumadinho, las acciones de Vale bajaron un 24% – la minera perdió R$ 72.000 millones [US$ 19.000 millones] en valor de mercado.
Creada en 1942 durante el gobierno de Getúlio Vargas para la explotación de mineral de hierro en la región de Itabira, un municipio del estado de Minas Gerais, actualmente la empresa es privada, de capital abierto, y está presente en más de 30 países alrededor del mundo y en 13 estados de Brasil.
“Cuidar el planeta”: los impactos sociales y ambientales de Vale
Antes de las catástrofes socio ambientales en Mariana y Brumadinho, ya hubo denuncias de contaminación como consecuencia de actividad minera, ya hubo denuncias contra Vale, aunque la minera afirme en su publicidad que su misión es “cuidar el planeta” y “actuar correctamente”.
En enero de 2012, por ejemplo, la minera fue nombrada la peor empresa del mundo en lo que se refiere a derechos humanos y ambiente por el Premio Public Eye, un evento realizado desde 2000 por las ONG Greenpeace y Declaración de Berna. El motivo: “una historia de 70 años manchada por consecutivas violaciones de derechos humanos, condiciones laborales inhumanas, expoliación de patrimonio público y cruel explotación de los recursos naturales”.
La actuación de la empresa minera tiene impacto global. En Perú, Mozambique y Nueva Caledonia, países donde Vale actúa, hay denuncias por contaminación del agua y del aire.
Por ejemplo, en Piura (departamento en Peru), donde la minera opera en una planta de fosfatos para la producción de fertilizantes, los representantes del Frente de Defensa de la Comunidad de San Martín de Sechura denunciaron que Vale empezó a explotar fosfato sin ninguna consulta previa, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT. La dispersión de partículas en la atmósfera como consecuencia de las actividades extractivas impacta la salud humana, la actividad pesquera y el equilibro ambiental.
Privatización
La privatización de la antigua Compañía Vale do Rio Doce el día 6 de mayo de 1997, durante el gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, generó el despido de miles de trabajadores de la compañía, entonces una de las empresas estatales brasileñas más lucrativas.
La empresa había sido creada en 1942 con recursos del Tesoro Nacional. Durante 55 años, fue una empresa mixta y su control accionario pertenecía al gobierno.
