Los trabajadores movilizados contra la privatización de las empresas públicas brasileñas han organizado al menos 14 huelgas, en siete estados diferentes, en lo que va del año. Así lo señala una encuesta realizada por el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE), a solicitud de Brasil de Fato.
El estudio del DIEESE registra la huelga de 24 horas realizada el 3 de octubre por funcionarios de la Empresa de Saneamiento Básico del Estado de São Paulo (SABESP), de la Companhia Paulista de Trenes Metropolitanos (CPTM) y del Metro de São Paulo contra los planes del gobernador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de ceder el control de las empresas.
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La encuesta también registra movilizaciones en los estados de Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Sergipe. En la mayoría de los casos, las huelgas están motivadas por los planes de los gobernadores de vender empresas estatales.
Sin embargo, también se registró una movilización de petroleros contra las ventas de activos de Petrobras en febrero y junio. La huelga de junio tuvo lugar en Fortaleza, contra la venta de la refinería Lubricantes y Derivados de Nordeste (LUBNOR), privatización negociada durante el gobierno de Jair Bolsonaro (Partido Liberal).
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También se registraron en Recife (Pernambuco) dos paros de trabajadores de la Compañía Brasileña de Trenes Urbanos (CBTU). CBTU es una empresa estatal federal que opera sistemas de transporte en cuatro capitales de la región Nordeste. Hay una discusión en curso sobre la privatización del sistema de metro de la capital de Pernambuco, operado por CBTU, lo que también desencadenó las huelgas.
El panorama en los estados
Un relevamiento realizado por Brasil de Fato muestra que los gobernadores de seis estados ya vendieron o dieron señales claras de que quieren vender empresas estatales durante este mandato: São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás y Espírito Santo.
Eduardo Leite (Partido de la Social Democracia Brasileña), gobernador de Rio Grande do Sul, firmó en julio la venta de la Compañía Riograndense de Saneamiento (CORSAN). El mismo mes el gobernador de Espírito Santo, Renato Casagrande (Partido Socialista Brasileño), privatizó la Compañía de Gas de Espírito Santo (ES Gás). En septiembre, Ratinho Júnior (Partido Social Democrático), gobernador de Paraná, vendió la Compañía Paranaense de Energia (COPEL).
Romeu Zema (Partido Nuevo), gobernador de Minas Gerais, envió el mes pasado a la Asamblea Legislativa estatal (ALMG) una propuesta de enmiendas a la Constitución de Minas Gerais para facilitar la privatización de la Compañía Energética de Minas Gerais (CEMIG) y la Compañía de Saneamiento de Minas Gerais (COPASA). El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (Unión Brasil), sancionó en septiembre una ley que autoriza al gobierno del estado a vender la Compañía Celg de Participaciones (CELGPAR).
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La encuesta del DIEESE también indica que los trabajadores están movilizados contra una posible privatización de la Empresa de Saneamiento de Sergipe (DESO), estado actualmente gobernado por Fábio Mitidieri (Partido Social Democrático). Además, registra movilizaciones de trabajadores en Santa Catarina, gobernada por Jorginho Mello (Partido Liberal), contra la privatización de la central eléctrica del estado, CELESC.
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Lula, a su vez, canceló las privatizaciones previstas por sus predecesores Michel Temer (Movimiento Democrático Brasileño) y Jair Bolsonaro (Partido Liberal). Aún en abril, sacó siete empresas del Programa Nacional de Desestatización (PND) y tres del Programa de Sociedades de Inversión (PPI), entre ellas Correos y la Empresa Nacional de Abastecimiento (CONAB).
Durante el gobierno de Lula, Petrobras también detuvo la venta de sus activos. Asimismo, la Abogacía General de la Unión (AGU) pidió a la máxima corte brasileña, el Supremo Tribunal Federal (STF), considerar inconstitucional un artículo de la ley que autorizó la venta de Eletrobras y redujo el poder de voto del gobierno sobre la empresa.
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A contracorriente del mundo
Mientras avanza la privatización de prestadores de servicios públicos en los estados brasileños, países de todo el mundo avanzan hacia la renacionalización de este tipo de empresas. Según el seguimiento realizado por la organización holandesa Transnational Institute (TNI), se han producido 1.658 casos de "desprivatización" de servicios en todo el mundo desde el año 2000.
Según los datos tabulados por el TNI, entre 2000 y 2010, se registraron 417 casos, un promedio de 37 por año. De 2011 a 2021, hubo 1.227 casos, un promedio de 111 por año, alcanzando un tope de 196 casos solo en 2016.
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"De hecho, después de la pandemia, hay una tendencia a la renacionalización", confirmó Mauricio Weiss, economista y profesor de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS). "Se observó que muchos países se estaban volviendo dependientes de otros y que algunas empresas privatizadas prestaban servicios estratégicos para la soberanía".
También según el TNI, las renacionalizaciones de empresas de agua y energía son las más comunes en el mundo. Fueron 393 en el área de agua y saneamiento y otras 383 en el sector de energía. En conjunto, representan el 46% del total.
"Hubo casos notorios", agregó Pedro Faria, economista e investigador del Centro de Desarrollo y Planeamiento Regional de la Facultad de Ciencias Económicas (CEDEPLAR) de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). "Hubo la renacionalización de la empresa de energía en Francia [Électricité de France] y discusiones sobre la renacionalización de una empresa de agua y saneamiento en el Reino Unido [Thames Water]".
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Mejorar los servicios y reducir costos son las razones más frecuentes para la renacionalización.
El estudio del TNI también se basa en indicaciones de los ciudadanos sobre la renacionalización de empresas en todo el mundo. Por lo tanto, es posible que no proporcione una visión completa del tema e incluso omita casos anunciados recientemente.
